Samuel García de gira europea, vetando las reformas hacendarías de los diputados de la oposición que fueron a tocar las puertas del Palacio de Gobierno cerradas por vacaciones anticipadas de los empleados, así con ese ambiente álgido entre los dos poderes de Nuevo León llegará la Navidad y seguramente el Año Nuevo.
La disputa por los dineros que reclaman los legisladores y los alcaldes de municipios del Pacto Nuevo León, ha sumido a la Entidad en la incerteza sobre cómo se ejercerá el presupuesto el año próximo, el mismo que se aprobó en 2022 al no enviar Samuel García su propuesta al Congreso.
El pleito entre los dos bandos es de verdad, donde no hay rudos ni técnicos. Sólo rudos, porque no hay señales hasta la fecha que ninguno de los poderes lanzará la toalla blanca al ring en señal de rendición.
A estas alturas el presupuesto para 2023 ya estaría aprobado o estaría en los últimos ajustes. Pero no sucedió, cuando los legisladores del PRIAN, Morena, Verde e independientes arroparon a los ediles de sus partidos cuando desde el Palacio de Cantera se retuvieron parte de las participaciones federales.
Samuel García ha asegurado que no fue cierto lo que denunciaron sus rivales de castigar las finanzas municipales con decisiones vengativas. Y de la otra esquina del cuadrilátero el alcalde tricolor de Apodaca, César Garza, se ha encargado de desmentirlo un día sí y el otro también.
Lo único cierto es que el origen de todo este relajo que no tiene para cuándo terminar, empezó con la disputa por la acéfala titularidad de la Fiscalía General de Nuevo León que, para Samuel García, no debe recaer en su rival priista en las elecciones de 2021: Adrián de la Garza.
