La migración ilegal se ha vuelto otra vez un arma de negociación con los Estados Unidos. Cuba, Venezuela y Nicaragua han conseguido abrir conversaciones con los americanos luego del extraordinario incremento de migrantes ilegales detenido en la frontera con México. Ciudadanos de estos países se suman a los migrantes tradicionales de Centroamérica, junto con miles de mexicanos, hasta totalizar 2.2 millones de detenidos por el ICE en la frontera con México. Antes de la pandemia no llegaban a 250 mil.
Venezuela ha conseguido promesas de descongelar sus activos a cambio de detener la migración ilegal, aceptar que se repatrien sus connacionales detenidos en la frontera con México y suministrar petróleo para paliar la crisis provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. Un acuerdo similar está negociando Nicaragua ante la imposibilidad de las autoridades norteamericanas de deportar a los ciudadanos nicaragüenses. Por su parte Cuba logra descongelar las pláticas con el gobierno de Biden en compensación por aceptar la repatriación de sus migrantes.
El gobierno de los EEUU aceptará hasta 30 mil migrantes al mes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, siempre y cuando tengan un patrocinador financiero que ya esté en territorio norteamericano, hayan superado una verificación de antecedentes, pasen una investigación de seguridad y prueben que están vacunados contra COVID-19, entre otros requisitos sanitarios. Los que lleguen a la frontera con México y traten de entrar serán deportados de inmediato.
México ha aceptado recibir 30 mil migrantes ilegales al mes, presumiblemente a cambio de que el gobierno de Biden retrase la presentación del Panel de Controversias por el asunto de las inversiones norteamericanas en energía que se encuentran congeladas por el gobierno federal a pesar de que la contrarreforma energética no fue aprobada por el poder legislativo. Así, los norteamericanos patean el bote hasta el próximo sexenio, a la espera de mejores condiciones para negociar, y el gobierno mexicano evita enfrentar la disyuntiva de doblar las manos o pagar las consecuencias en impuestos compensatorios.
Pareciera un buen trato para el gobierno mexicano, empeñado en monopolizar la generación de energía eléctrica; pero uno pésimo para el país, que pronto enfrentará escasez ante la falta de inversiones en generación y transmisión desde 2018. En contraste, Turquía consiguió 6 mil millones de euros a cambio de aceptar un millón de migrantes; México no recibirá ni un peso.
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