Ante las crisis de agua, climática, de movilidad e inseguridad se agrega una más en el estado de Nuevo León, la de gobernabilidad, la que empezó a gestarse hace poco más de un año por el conflicto surgido entre el gobernador y el Congreso del Estado.
Lo anterior ha subido de tono con la reciente aprobación de la licencia solicitada por el Ejecutivo y el nombramiento del interino, en la persona del ex titular del Poder Judicial, Arturo Salinas, quien se separó del cargo para habilitarse como candidato a cubrir el interinato.
Por segunda ocasión, el titular del Poder Ejecutivo del Estado deja la responsabilidad que le dieron los ciudadanos a través del voto popular, para internarse en una aventura personal de buscar la presidencia de la república.
La primera ocasión le fue mal al exgobernador Jaime Rodríguez, quien regresó a gobernar el estado, en medio del rechazo generalizado de un importante sector ciudadanos, quienes le retiraron su confianza. Esto se reflejó en las elecciones del 2021, en donde ninguno de sus candidatos se alzó con una victoria en las urnas.
Por su parte, el actual gobernador subrayó durante su campaña, y en diversas ocasiones una vez que se alzó con el triunfo electoral, que sería un gobernador de seis años, que no cometería el mismo error que su antecesor, pero finalmente cayó en la misma tentación, con la sutil diferencia que “El Bronco” sí tenía un diálogo abierto con el Congreso, lo que no sucede ahora.
El escenario apunta a que se abrirá otro frente de conflicto que se irá a los tribunales, porque como la legislatura aprobó en el mismo acuerdo legislativo la licencia y el interinato, tendría que publicarse así en el Periódico Oficial.
¿Ahora qué hará el Ejecutivo? Si no lo publica no entra en vigor la licencia ni el interinato; ¿tomará la decisión de no buscar la candidatura presidencial? ¿Acudirá de nuevo con su juez favorito de Reynosa para que le extienda una suspensión provisional?
Ahora bien, en el Congreso también irán con todo para que se respete el acuerdo legislativo que votaron, de conformidad a los establecido en el artículo 122 de la Constitución.
Ni hablar, esta nueva crisis, la de gobernabilidad, que se suma a las ya mencionadas, tampoco beneficia al pueblo de Nuevo León, al contrario: lo perjudica, porque todo el aparato gubernamental estará distraído de sus tareas para apoyar al gobernador en su ambición presidencial.
