Monterrey, N.L.-
El gobernador del Estado, Samuel García, acumula más de 300 denuncias por presuntos delitos electorales interpuestas tanto por el PRI como por el PAN en el presente proceso electoral.
Daniel Galindo, representante del PAN ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, reveló que estas denuncias son por la abierta intromisión del mandatario estatal en el proceso electoral, promoviendo la imagen de los candidatos de Movimiento Ciudadano, incluso, en actos públicos de gobierno.
Detalló que García ha estado utilizando la camioneta cibertruck pintada de color naranja no solo para promover su partido, sino para pasear y llevar a eventos públicos a varios aspirantes de su partido, incluyendo al presidencial Jorge Alvarez Máynez.
Esta intromisión de García ha generado las cientos de quejas por parte de la coalición.
“Ya Van más de 200 en el caso de Acción Nacional igualmente el PRI junta más de 100 (denuncias)”, explicó.
Galindo lamentó que ante todas estas quejas, las autoridades electorales hayan sido omisas para detener al gobernador en estos abiertos casos de proselitismo ilegal.
“Es lastimoso el trabajo que ha tenido el Instituto Estatal Electoral , posteriormente en la Sala Regional y la Sala Superior. Han sido omisos en el ejercicio de las medidas cautelares, han sido permisivos con el gobernador”, sentenció.
Adelantó que la coalición seguirá interponiendo denuncias contra el mandatario estatal que insiste en violar el precepto de imparcialidad en esta elección.
DENUNCIAN CANDIDATAS RED DE CORRUPCION
En esta conferencia de prensa, las candidatas de la coalición PRI/PAN/PRD denunciaron una presunta red de corrupción que involucra al gobernador Samuel García y que, a la fecha, representa un desfalco de 561 millones de pesos a las arcas públicas.
En esta red estaría involucrada la empresa ECM Soluciones Fiscales, que tiene como representantes a dos personajes identificados como Erick Castillo y Miguel Ángel Rojas Galván quienes no solo son muy cercanos a García, han sido sus empleados y tienen sus oficinas en el mismo edificio donde despacha el negocio familiar del mandatario.
Las legisladoras indicaron que de octubre 2021 al agosto 2023 han recibido contratos públicos por supuestas asesorías fiscales que son innecesarias, pues el gobierno cuenta con personal especializado para este tema.
Entre estas asesorías un contrato por más de 174 millones de pesos con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey donde, claramente, existe un conflicto de intereses que tiene que investigarse.
Las candidatas indicaron que ya se están preparando las denuncias penales por estos hechos que, explican, por qué el gobernador y su familia están amparados.
