La Paz, BCS.-
Tres funcionarios del Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, fueron vinculados a proceso por el presunto delito de cohecho al otorgar licencias para venta de alcohol sin cumplir el trámite correspondiente y sin entregar el monto a las arcas municipales.
La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur confirmó que el juez de control decretó auto de vinculación a proceso en contra de tres personas, un exfuncionario municipal y dos actuales servidores públicos adscritos a la Dirección de Comercio del XII Ayuntamiento de La Paz, identificados como Omar “N”, Martín “N” y Miguel “N”, por el presunto delito de “cohecho”, previsto en el artículo 284 del Código penal vigente.
El fiscal Lenin Emiliano Ortíz Amao explicó que los tres implicados se desempeñaban como servidores públicos en marzo de 2022, adscritos a la dependencia municipal señalada, cuando indebidamente solicitaron a un comerciante la cantidad de 150 mil pesos para proporcionar una licencia de alcohol, sin cumplir con el trámite correspondiente ante el Consejo de Giros Restringidos y sin que esta cantidad fuera depositada a la oficina municipal.
El juez de control impuso como medidas cautelares la presentación periódica ante el juez, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, y la prohibición de acercarse a víctimas y testigos. Además, determinó un periodo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Por el delito de cohecho, de comprobarse y sentenciarse los hoy vinculados podrían enfrentar hasta seis años en prisión, según contempla el código penal para el estado.
Exfuncionario acusado de cohecho ya es diputado local
Cabe mencionar que, en abril pasado, Omar Orantes, exdirector de Comercio municipal, rindió protesta como diputado local por Morena, pues era el suplente del diputado Eduardo Van Wormer, quien solicitó licencia para hacer campaña por la reelección.
Entonces se generó una polémica pues ya se conocía de la denuncia en su contra. Diputados de la bancada morenista y el oficial mayor, Adrián Chávez Ruiz, defendieron su toma de protesta, argumentando que la ley no impedía que se desempeñara en el cargo, pues no se contaba con una sentencia condenatoria, y por tanto se presumía su inocencia.
Estos funcionarios hoy vinculados a proceso se desempeñaban en el cargo durante la administración de la alcaldesa morenista, Milena Quiroga Romero, quien ganó la elección en 2021 y el domingo pasado logró la reelección.
