Guanajuato, Gto.-
En su comparecencia ante el Congreso Local, el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre defendió la llamada “pensión de lujo”, que recibirá una vez que se jubile y llamó hipócritas a aquellos que lo critican y que, dijo, cobardemente lo han difamado.
“De manera injuriante, me han llamado lo menos gandalla, por supuestamente haberme otorgado una pensión de lujo”, dijo en la sede del Legislativo.
En abril pasado Zamarripa modificó el Reglamento Orgánico de la Fiscalía General del Estado con un Sistema Complementario de Seguridad Social que establece que el fiscal y funcionarios con 15 años de servicio recibirán diversos beneficios adicionales a su pensión y que esta podría ser igual al sueldo neto que perciben.
El diputado morenista Ernesto Prieto ha reiterado que se trata de “una pensión dorada a perpetuidad”, pues el primer fiscal recibirá una pensión mensual superior a los 147 mil pesos mensuales.
En 2024, el abogado del Estado cumplió 30 años de servicio en la institución en donde ha desempeñado diversos cargos; desde 2009 como titular, primero en calidad de procurador y desde 2019 como fiscal. En su campaña, la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo prometió que Zamarripa Aguirre no seguiría en el cargo.
Este lunes, antes de responder a los cuestionamientos de su informe de actividades 2023, Zamarripa Aguirre se refirió a la incomprensión, lamentable, sin duda, del quehacer ministerial, “al considerarlo responsable de todo mal criminal”, cuando no está en su función la prevención del delito.
“Nuestra competencia y responsabilidad comienza cuando el delito ha ocurrido, a fin de esclarecerlo”, acotó.
Justificó el derecho a una seguridad social compensatoria para el personal de áreas sustantivas, como policías ministeriales y agentes del Ministerio Público, peritos o analistas que se jubilen y que tenga más de 15 años de servicio, en el mandato constitucional del 16 de junio de 2008.
En “nuestra labor”, dijo que se involucran no solo el tiempo, sino la integridad física y la propia vida, condición que ha sido reconocida desde junio del 2008 en la Constitución para tratar de compensar a quienes invierten décadas de vida en actividades de seguridad pública y de procuración de justicia, con esquemas complementarios de seguridad social.
Explicó que la complementariedad social se dará siempre y cuando haya suficiencia presupuestaria, y “nadie podría alcanzar más el 50% de su sueldo actual, igual; esa prerrogativa solo puede materializarse a partir de tener una condición de jubilación en el ISSEG, o que haya laborado al menos 15 años en la fiscalía en las áreas sustantivas”.
Las diputadas Alma Alcaraz de Morena, y Yulma Rocha de Movimiento Ciudadano excandidatas a la gubernatura del estado, le reprocharon los homicidios, feminicidios y desapariciones forzadas, que tienen a Guanajuato como el estado con más homicidios del país.
Asimismo, Yulma Rocha y la diputada Irma Leticia González de Morena le echaron en cara que en su gestión “convirtió a Guanajuato en un panteón”.
Alma Alcaraz le preguntó que cuándo presentará su renuncia, y si vivirá en México o se irá a Estados Unidos, como Ricardo Anaya o García Luna a lo que el fiscal evitó dar respuesta.
También reprochó al fiscal los privilegios con lo que dejará el puesto, con una “pensión dorada”.
