Con la aprobación de la reforma a la Constitución para que ministros, magistrados y jueces sean designados por votación popular, todos perdimos en este país, no solo los integrantes del Poder Judicial.
La supuesta democratización del Poder Judicial no garantiza la mejora del proceso de impartición de justicia en México. Al contrario, al eliminar la carrera judicial, los jueces y magistrados ya no tendrán que presentar exámenes de oposición, basta tener un buen patrocinador que financie su campaña un estratega electoral para acceder a esos cargos; claro, luego tendrán que pagar esos favores a sus patrocinadores, con sentencias a modo.
Es falso que en Estados Unidos utilicen este modelo. Los jueces federales y ministros de la Corte Suprema son elegidos por el senado a propuesta del Presidente en turno. Los jueces locales los eligen mediante el voto sólo en 43 estados. En Suiza, sólo votan por los jueces en los 26 Cantones, pero los jueces federales los designa el Parlamento.
Sólo Bolivia, un país subdesarrollado de 12.3 millones de habitantes, cuya economía, según el Banco Mundial ocupa el lugar 95 en el mundo, elige a todos los integrantes de su Tribual Constitucional Plurinacional por voto popular, pero este proceso no ha sido garantía de que los magistrados sean independientes, ni ha dado la legitimidad que pretendían obtener con el proceso eleccionario.
Ahora nuestro país se sumará a esta dinámica. El primer domingo del año 2025 se someterá a votación popular, a ministraos, magistrados, magistrados de circuito, y jueces, tanto del Poder Judicial Federal como del Tribunal Electoral. Además, desaparecerá el Consejo de la Judicatura y crearán el Tribunal de Disciplina Judicial, que vigilará y evaluará el desempeño de juezas y jueces de distrito, y la parte administrativa la llevará un órgano de administración judicial.
Pronto sufriremos las consecuencias de esta mal llamada reforma al poder judicial. La incertidumbre jurídica detendrá inversiones, algunas empresas decidirán emigrar a países que les brinden mayor certeza en la resolución de sus controversias de manera imparcial y justa.
Posiblemente habrá episodios de desempleo e inflación lo que a su vez generará descontento social.
Después de entrar en vigor, los Congresos de los Estados tendrán 180 días para homologar esta reforma en las Constituciones locales, así que dentro de poco no quedará ningún tribunal en el país que se libre de esta destrucción de instituciones que ha comenzado en este sexenio.
Lo dicho, todos perdemos, pero quien más perderá será Claudia Sheinbaum, quien en pocos días asumirá la Presidencia de México. Un México que tendrá que reconstruir, a menos que decida darle la estocada final para acabar de liquidarlo.
