El pasado martes 5 de noviembre quedará en la memoria de la mayoría de los mexicanos como un día sombrío para nuestro país, marcado por dos acontecimientos con repercusiones de amplio alcance para México.
En un giro controversial, y con el cambio repentino de opinión del Ministro Alberto Pérez Dayán, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó el proyecto del Ministro Luis González Alcántara, cuyo objetivo era atender la acción de inconstitucionalidad promovida por partidos de oposición en contra de la reciente reforma judicial.
Al mismo tiempo, en Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump obtuvo una victoria contundente en las elecciones presidenciales, lo cual presenta una realidad inquietante para la relación bilateral y los intereses de México.
El rechazo al proyecto del Ministro González Alcántara revela las posibles amenazas que se han dado en el órgano máximo de justicia del país.
El proyecto buscaba revisar las nuevas disposiciones de la reforma judicial que, según la oposición, vulneran principios constitucionales básicos, como la autonomía y la imparcialidad del Poder Judicial. La decisión del Pleno de no dar curso a esta revisión suscita una serie de cuestionamientos en la opinión pública, que tienen que ver con la inminente sumisión del Poder Judicial ante el poder político.
La independencia de los poderes es esencial en cualquier democracia, y el fallo del Pleno podría representar un grave precedente de sumisión a los intereses del Ejecutivo.
El principio de separación de poderes, piedra angular de la democracia moderna, se ve comprometido en este momento crítico, y la consecuencia más inmediata es la pérdida de confianza de la ciudadanía en la imparcialidad de la Suprema Corte.
En un segundo evento de gran impacto, la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos representa un escenario complejo para México. Trump ha sido un crítico constante de las políticas migratorias y comerciales de nuestro país, impulsando medidas de presión como la construcción de un muro fronterizo y la imposición de aranceles.
Su victoria, que demuestra el resurgimiento de fuerzas ultraconservadoras en el vecino país, proyecta una sombra de incertidumbre sobre la relación bilateral que implica numerosos temas de interés para los mexicanos.
En su primer mandato, Trump empleó su retórica para estigmatizar a los inmigrantes mexicanos y desincentivar la cooperación binacional. Aún está por verse si esta postura se mantendrá en su segundo mandato, pero todo parece indicar que el endurecimiento de las políticas migratorias, el comercio, y las políticas laborales regresarán a la mesa, poniendo en peligro a las comunidades y empresas mexicanas que dependen de una relación estable y de respeto mutuo entre ambos países.
La confluencia de estos dos eventos plantea un desafío profundo. La Suprema Corte, con su fallo, ha suscitado dudas sobre su función como garante de la Constitución y protector de los derechos de los mexicanos. Mientras tanto, la victoria de Trump refuerza la idea de que México necesita una política exterior fuerte, que defienda sus intereses y que, al mismo tiempo, procure soluciones justas en temas de migración, comercio, y derechos humanos.
En este contexto, se supone que la mejor arma para defender a México es el Poder Judicial, pero la traición del Ministro Pérez Dayán, dejarán a nuestro país en el limbo jurídico ante grandes presiones del próximo presidente norteamericano.
En un contexto como este, se hace imperativa la fortaleza de nuestras instituciones. México necesita un Poder Judicial robusto y autónomo, así como una política exterior pragmática y estratégica que aborde los desafíos planteados por el nuevo gobierno estadounidense.
Es hora de que nuestros líderes actúen con visión y firmeza, no solo para enfrentar las tormentas externas, sino también para construir un sistema de justicia y una relación internacional que verdaderamente sirvan a los intereses de los ciudadanos, y no al interés personal del ex presidente.