Ciudad de México.-
La diputada local de Morena, Leonor Gómez Otegui impulsará una iniciativa de iniciativas para regular el contenido de los llamados influencers en redes sociales.
Esta propuesta busca reformar el Código Penal Federal, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley de la Administración Pública Federal, para crear la ‘Plataforma Nacional de Seguimiento del Contenido de Influencers en medios digitales’, para que en ella las personas físicas y morales puedan interponer quejas cuando detecten contenido que, entre otras cosas, incide a actos de discriminación contrarios a dignidad y derechos humanos.
El paquete legislativo tratará de contener la ola de retos virales que ponen en riesgo a los internautas, especialmente a los menores de edad; prevenir los riesgos a la salud que representan los productos o pseudo medicamentos milagro; para alertar sobre líderes de grupos o sectas que someten y estafan a sus seguidores, todos promovidos y alentados por influencers desde plataformas digitales.
Es decir, dijo la legisladora, tratará de llenar un vacío legal que permite a los influencers producir contenidos dudosos y no hacerse responsables de ellos, específicamente de los daños que puedan causar entre las audiencias.
Detalló que una vez ingresada la queja en la Plataforma Nacional de Seguimiento será turnada a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Salud o la Profeco, para realizar las investigaciones del caso y la tramitación de las sanciones correspondientes.
Las sanciones irían desde la eliminación del contenido vulnerante generado por el influencer, hasta sanciones económicas que podrían sumar dos veces el doble de la ganancia por la monetización.
En caso de que el influencer trabaje por contrato, la sanción será por el doble del valor del mismo. En caso de no tener ningún beneficio económico, el divulgador de contenido recibirá una multa de 500 hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización vigente.
“Establece un vínculo de comunicación entre las personas internautas y las autoridades de la Administración Pública Federal, con la finalidad de dotar de seguridad y certeza jurídica ante, los conflictos por publicidad engañosa o transgresión a derechos humanos, como producto del marketing de influencers”, se lee en la propuesta de la legisladora.
