Ciudad de México.-
El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen, señalaron la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), entre otras organizaciones.
En un comunicado, explicaron que de las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843 mil, el 86% de éstas están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios.
Las organizaciones rechazaron la propuesta anunciada por el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, sobre la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados.
“Esta medida contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo. Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente”, resaltaron.
Mencionaron que es necesario que no se permita avanzar con esquemas que en los hechos podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas.
“La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional”, expusieron.
Agregaron que la administración anterior ya había instruido que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos.
Pero ahora, destacaron, se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit, sino que siguen formando parte del patrimonio de acreditados que han cumplido con sus obligaciones o tienen alguna situación pendiente con el pago de su crédito.
“Esto representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país”, dijeron.
