Monterrey, N.L.-
A fin de proteger y restituir los derechos de la infancia y adolescencia, la Comisión de la Familia y Derechos de la Primera Infancia, Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa para crear el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias.
El nuevo registro, propuesto por la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes Ortiz, mediante reformas a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado, tiene por objetivo concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias en Nuevo León.
El dictamen, fue calificado por la promovente como un mecanismo de protección vital, toda vez que “el gran impacto que esto puede tener, es establecer estos mecanismos de protección para nuestras niñas, niños y adolescentes, dentro de un litigio que muchas veces se da la separación o divorcios, que al final de cuentas quedan en la indefensión nuestras niñas y niños”.
La legisladora emecista subrayó que la creación del registro facilitará el cumplimiento de la obligación por parte de padres o tutores y añadió que tendrá implicaciones en el ámbito político.
“Al mismo tiempo, este mismo registro puede servir para un proceso electoral porque ya está bien establecido en nuestra ley que ninguna persona que esté dentro de este registro puede ser postulado a un cargo de elección popular”, afirmó.
De acuerdo con la reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado, el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias emitirá certificados de no inscripción a petición de la parte interesada, los cuales se generarán de forma automática y gratuita en un sitio web dispuesto para tal fin, explicó.
Las autoridades estatales y municipales deberán disponer lo necesario para establecer la presentación de este certificado como requisito obligatorio en diversos trámites y procedimientos.
Entre los trámites que requerirán la expedición de dicho certificado se encuentran: obtención de licencias y permisos para conducir, participar como candidato a cargos de elección popular, así como a cargos concejiles; participar como aspirante a cargos de jueces y magistrados en el ámbito local.
Asimismo, participar en procesos de designación mediante convocatorias públicas de organismos del Estado y organismos constitucionalmente autónomos; trámites ante notario público relativos a la compraventa de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales.
La medida busca asegurar el cumplimiento de las responsabilidades alimentarias y reforzar la protección económica y social de los menores de edad, enfatizó Pámanes Ortiz.
