Monterrey, N.L.-
En busca de una efectiva protección y restitución de los derechos de la infancia, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la creación del Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias, en el que se centraliza la información de deudores y acreedores en la materia.
Dicha herramienta vital para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en la entidad fue una iniciativa, que se concretó a través de la aprobación de un dictamen que incluye propuestas de diversas bancadas, principalmente de una presentada por la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes Ortiz.
La legisladora naranja destacó la importancia de que este registro sea ya una realidad en el estado, para establecer mecanismos efectivos de protección para menores.
“Queremos establecer muy claramente este registro que nos ayudará mucho a esta obligación por parte de los padres o tutores para poder cumplir a cabalidad”, dijo Pámanes Ortiz.
Una de las implicaciones más relevantes es la relacionada con los procesos electorales, toda vez que “el registro también servirá para un proceso electoral porque ya está bien establecido en nuestra ley, que ninguna persona que esté dentro de este registro, pueda ser postulada a un cargo de elección popular”, señaló.
De acuerdo con la reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado, el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias emitirá certificados de no inscripción de forma gratuita y automática a través de un sitio web, a petición de la parte interesada.
Las autoridades estatales y municipales deberán disponer lo necesario para establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en diversos trámites y procedimientos.
Entre los trámites que podrán requerir la expedición de este certificado se encuentran:
Obtención de licencias y permisos para conducer; participar como candidato a cargos de elección popular; participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular; participar como aspirante a cargos de jueces y magistrados en el ámbito local.
Además, participar en procesos de designación mediante convocatorias públicas de organismos del Estado, así como de organismos constitucionalmente autónomos, trámites que se realicen ante notario público relativos a la compraventa de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales.
