Exhorta Congreso a contratar seguro estatal contra desastres naturales

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Monterrey, N.L.- 

El Congreso local aprobó un exhorto para el Gobierno del Estado, a fin de contratar nuevamente una póliza de seguro contra desastres naturales e incluir una partida específica para ese rubro en el Presupuesto 2026

A propuesta del diputado local del PRI, Héctor Morales Rivera, durante la sesión ordinaria, todas las bancadas dieron su aval al planteamiento, para que Nuevo León pueda responder de manera inmediata ante fenómenos como huracanes, inundaciones, incendios o terremotos.

Desde tribuna, el legislador recordó que la última cobertura venció en 2022 y que la convocatoria para su renovación fue declarada desierta.

Esta situación, dijo Morales Rivera, quedó en evidencia tras el paso del huracán Alberto en junio de 2024, cuando la atención a los daños se vio limitada y retrasada.

“La falta de una póliza vigente deja al Estado expuesto y sin una herramienta financiera inmediata para atender los daños provocados por desastres naturales; esta omisión pone en riesgo tanto la infraestructura pública como el bienestar de miles de familias”, manifestó.

Señaló que, aunque en el Cuarto Informe de Gobierno se plantea la creación de un fondo estatal de desastres naturales, dicha medida es insuficiente si no se acompaña de la contratación de un seguro que asegure una cobertura financiera integral.

“Ambos instrumentos deben operar de manera conjunta y complementaria”, apuntó el diputado local.

El punto de acuerdo aprobado por unanimidad, expone que, tras la desaparición del FONDEN en 2020, los estados se encuentran más vulnerables al no contar con mecanismos sólidos de respaldo económico.

Morales Rivera insistió en que el Ejecutivo Estatal informe por qué no se ha renovado ni convocado un nuevo proceso de contratación desde 2022, y que se garantice en el presupuesto del próximo año la partida para mantener la póliza vigente.

Además, recordó que la Ley General de Protección Civil obliga a los gobiernos estatales a contar con seguros o instrumentos financieros para la atención inmediata de emergencias, por lo que no es una decisión discrecional, sino un deber legal y moral.

“No podemos seguir improvisando ante los desastres, Nuevo León necesita una política pública permanente en materia de aseguramiento, que no dependa de la voluntad del gobierno en turno, sino que esté garantizada año con año dentro del presupuesto estatal”, puntualizó.

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