Promueve Morena atención inmediata en gastos funerarios para víctimas en NL

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Monterrey, N.L.-

La vicecoordinadora del grupo legislativo de Morena, Berenice Martínez Díaz, propuso una reforma a la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, a efecto de que la ayuda económica destinada a cubrir los gastos funerarios se otorgue de manera inmediata a las familias afectadas.

De acuerdo con la iniciativa presentada por la diputada local, el trámite deberá resolverse en un plazo máximo de 24 horas hábiles después del fallecimiento, a fin de que la víctima indirecta de delitos pueda recibir el apoyo sin demoras.

Martínez Díaz detalló que la Fiscalía General de Justicia del Estado deberá orientar, desde el primer contacto, a la víctima indirecta con la información proporcionada por el Centro Estatal de Atención a Víctimas, en torno a las medidas de atención inmediata y la posibilidad de solicitar ayuda económica para el sepelio con cargo al Fondo Estatal.

“Este punto es fundamental: la asistencia que llega tarde pierde gran parte de su razón de ser, si el apoyo se entrega de inmediato, la familia puede cubrir los gastos funerarios oportunamente y brindar una sepultura digna a su ser querido sin caer en deudas”, dijo.

Explicó que la propuesta contempla adicionar dos párrafos al artículo 11, un último párrafo al artículo 22 y una nueva Sección VII, denominada “Medidas en materia de apoyo para gastos funerarios”, integrada por los artículos 27 bis y 27 ter, dentro del Capítulo II “De los derechos de atención, asistencia y protección” de la Ley de Víctimas.

La legisladora morenista subrayó la relevancia de esta medida al señalar que el costo de un funeral representa una fuerte carga para las familias:

“Para dimensionar el impacto en la economía familiar: un cálculo ilustra que, si un trabajador percibe un ingreso neto de 15 mil pesos mensuales, ligeramente por encima del promedio nacional, costear un funeral equivaldría a cuatro meses de su salario”, comentó.

Martínez Díaz recalcó que es esencial establecer un mecanismo institucional que garantice, desde el primer momento, una orientación clara, comprensible y accesible sobre los apoyos disponibles para las familias de las víctimas.

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