Reynosa, Tam.-
El Poder Judicial de Tamaulipas inició un proceso de reestructuración derivado de la reforma judicial nacional y estatal, que incluye la desaparición de diversos juzgados de primera instancia en materia penal, así como de los tribunales de Justicia para Adolescentes.
La medida quedó formalizada mediante el Acuerdo General 13/2025, emitido el 12 de noviembre por el recién creado Órgano de Administración Judicial del Estado.
De acuerdo con el abogado Juan Uriza Lara, esta decisión obliga a que todos los asuntos penales en trámite —incluidos procesos suspendidos por órdenes de aprehensión no cumplimentadas— sean concentrados en Ciudad Victoria a más tardar el 31 de diciembre de este año.
La disposición también afecta a juzgados mixtos que aún conocían de causas antiguas del sistema penal tradicional.
Uriza explicó que, aunque los juzgados penales dejaron de recibir nuevas consignaciones desde la entrada en vigor del sistema acusatorio adversarial en 2016, continuaban operando para desahogar expedientes previos.
Con el nuevo acuerdo, esa función quedará centralizada en un solo tribunal con sede en la capital del Estado.
El abogado advirtió que la medida generará consecuencias directas para personas justiciables y para el personal judicial.
Litigantes y familiares tendrán que trasladarse a Victoria para cualquier diligencia, y empleados de los juzgados serán reubicados, trasladados o incluso podrían enfrentar despidos.
Recordó que, en el caso del tribunal de Justicia para Adolescentes, una jueza recién nombrada deberá mudarse a la capital para continuar su función.
Aunque el Poder Judicial justificó la centralización bajo criterios de “optimización de recursos materiales, humanos y económicos”, y por la posibilidad de realizar audiencias virtuales, Uriza consideró que estos argumentos son insuficientes.
Señaló que existen edificios públicos subutilizados o abandonados en municipios como Reynosa, Matamoros o Tampico que podrían habilitarse sin necesidad de cerrar tribunales.
“En materia de justicia no puede hablarse de ahorro. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a los órganos jurisdiccionales, aunque exista un solo asunto por resolver”, afirmó.
El abogado añadió que la carga de trabajo también podría agravarse.
“Si antes un tribunal no alcanzaba a resolver con prontitud, ahora concentrar asuntos de Reynosa, Río Bravo, Miguel Alemán, Matamoros, Nuevo Laredo y otros municipios en un solo órgano hará aún más lento el proceso”, explicó.
La reestructuración ocurre además en medio de inconformidades laborales dentro del Poder Judicial, como recientes movimientos de “brazos caídos” y quejas por falta de pagos a jueces y magistrados que fueron separados de su cargo tras la reforma.
Uriza llamó a mantener informada a la ciudadanía, al considerar que estas decisiones impactan directamente en el acceso a la justicia para miles de tamaulipecos.
