Monterrey, N.L.-
A efecto de que el Congreso de Nuevo León avance en la reforma judicial local y en la homologación del sistema de transparencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió dos controversias constitucionales promovidas por el gobernador, Samuel García Sepúlveda.
La primera de las controversias busca que el Congreso local legisle para que los jueces y magistrados locales sean elegidos mediante voto popular a partir del proceso electoral de 2027, siguiendo el modelo de elección judicial que fue recientemente aprobado a nivel federal.
A su vez, la segunda impugnación se refiere a la reconfiguración del sistema estatal de transparencia, lo que incluye la posible desaparición del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INFONL) para dar paso a un nuevo organismo.
Al respecto, diputados de distintas bancadas señalaron que el litigio sigue en proceso y esperarán el veredicto del máximo órgano judicial del país.
El coordinador legislativo de Morena en el Congreso, Mario Soto Esquer, señaló que la admisión de los recursos apenas marca el inicio del proceso jurídico, por lo que aún falta conocer la resolución final de la Corte.
“Si bien esta instancia admite este tema, hay que ver cómo resuelve, en transparencia ya existe una reforma presentada por mi compañera Berenice Martínez; también en la reforma judicial hay distintas iniciativas de la Cuarta Transformación, además, tengo entendido que hay iniciativas adicionales del PRI y del PAN”, dijo.
Su homóloga de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes Ortiz, recordó que el Congreso ya rebasó los plazos legales para resolver ambas controversias.
“Estamos fuera del límite para haberlo revisado; este Congreso debe legislar en cada una de esas materias y sacar las reformas”, expresó.
Por su parte, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente Flores, expuso que, en caso de que la SCJN ordene legislar, el Congreso acatará la instrucción, aunque recordó que el proceso continúa en litigio.
“Si la Corte nos ordena, lo tendremos que hacer; es la máxima autoridad jurídica, nosotros lo estamos litigando, vamos a ver cuál es el avance”, declaró.
Por el PRI, el diputado, Javier Caballero Gaona, confió en que el máximo tribunal respete las atribuciones del Congreso local.
“Esperamos que se respete la autonomía del Legislativo, tenemos nuestros tiempos para legislar en torno al Instituto -de Transparencia- y a la reforma judicial, y vamos a seguir construyendo acuerdos”, manifestó.
