Monterrey, N.L.-
El grupo legislativo de Acción Nacional (GLPAN) presentó formalmente su Agenda Mínima para el segundo período ordinario de sesiones de la Septuagésima Séptima Legislatura, la cual se centrará en siete ejes estratégicos y la creación de cinco nuevas leyes para el estado.
Encabezados por su coordinador, Carlos de la Fuente Flores, los legisladores albiazules detallaron que el plan de trabajo que inicia el próximo 1 de febrero, busca atender crisis actuales en materia de agua, movilidad y seguridad.
Acompañado por las diputadas y diputados Itzel Castillo Almanza, Claudia Caballero Chávez, Myrna Grimaldo Iracheta, Cecilia Robledo Flores, José Luis Santos Martínez e Ignacio Castellanos Amaya, precisó que la agenda legislativa contempla siete ejes temáticos: Medio Ambiente, Seguridad, Movilidad, Juventud, Educación, Fomento al Campo y Mejor Calidad de Vida.
Incluye además reformas constitucionales, modificaciones a diversas leyes y la creación de nuevos ordenamientos para el estado de Nuevo León.
De la Fuente Flores explicó que la agenda es resultado del trabajo conjunto de los integrantes de la bancada y servirá como guía para el trabajo legislativo durante el próximo período.
Expuso que, dentro de las reformas constitucionales prioritarias, se encuentran el derecho al acceso equitativo al agua y la reforma a la Ley Electoral, esta última con el objetivo de armonizar la legislación estatal con los cambios federales.
El coordinador del PAN informó que se impulsará la creación de cinco nuevas leyes estatales: la Ley de Imagen Institucional y Regulación del Gasto en Comunicación Social, la Ley de Voluntariado y Participación Social, la Ley para el Aprovechamiento Energético, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Protección Civil.
En el eje de Medio Ambiente, la agenda incluye reformas para otorgar incentivos fiscales, promover fraccionamientos ecológicos, fortalecer la captación y reutilización del agua, modernizar la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, combatir la contaminación visual, mejorar la imagen urbana, reducir el impacto ambiental del embalaje y del comercio electrónico, así como reforzar la estrategia de las “3R”: reducir, reutilizar y reciclar.
En materia de Seguridad, los legisladores panistas plantean reformas para regular y atender lotes baldíos y casas abandonadas, con el fin de prevenir delitos y daños ambientales, además de actualizar leyes para sancionar conductas que obstaculicen a la autoridad y el incumplimiento de obligaciones alimentarias.
Respecto a Movilidad, la agenda contempla reformas para establecer la gratuidad en autopistas de cuota cuando obras públicas afecten la circulación, supervisión permanente del transporte público para garantizar calidad y seguridad, mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura vial, así como la regulación de tarifas de grúas para evitar abusos y extorsiones.
En el eje de Juventud se proponen cuatro reformas orientadas a facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna, impulsar programas culturales, artísticos y comunitarios, fortalecer el Premio Estatal de la Juventud y fomentar la educación emprendedora desde el sistema educativo.
En Educación, se incluyen dos reformas: una para proteger el derecho a la educación de mujeres embarazadas en universidades y otra para expedir una nueva Ley de Educación acorde a los retos actuales, con enfoque en calidad e innovación.
Para el Fomento al Campo, Acción Nacional buscará impulsar la actividad agropecuaria mediante tecnologías sustentables y la adaptación al cambio climático, además de promover una nueva Ley Ganadera que fortalezca la sanidad, trazabilidad y competitividad del sector.
Finalmente, en el eje de Mejor Calidad de Vida, se contemplan seis reformas enfocadas en la protección integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, el fortalecimiento del cumplimiento de obligaciones alimentarias, la participación ciudadana vinculante en espacios públicos, la simplificación de la apertura de empresas de bajo riesgo, el impulso a políticas alimentarias y nutricionales con respaldo del sistema de salud, y la garantía de consultas accesibles para personas con discapacidad.
Cuestionado sobre la falta de publicación de decretos por parte del Gobierno del Estado en el Periódico Oficial, De la Fuente Flores confió en que la Suprema Corte siente jurisprudencia para obligar al Ejecutivo a publicar las reformas aprobadas por el Congreso, señalando que el Estado no puede usar esta herramienta “a su antojo”.
