Monterrey, N.L.-
Los titulares de diversos organismos autónomos y poderes del Estado exigieron al Gobierno de Nuevo León cumplir con la ministración completa de los recursos presupuestales que por ley les corresponden, luego de denunciar depósitos incompletos e injustificados por parte de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
La exigencia se realizó durante una conferencia de prensa en el Congreso local, donde la presidenta del Poder Legislativo, Itzel Castillo Almanza, dio lectura a un comunicado conjunto firmado por los titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Poder Judicial, la Auditoría Superior del Estado, el Instituto Estatal de Transparencia (INFONL) y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
Castillo Almanza señaló que, tan sólo en enero, al Congreso del Estado se le dejaron de transferir más de cuatro millones de pesos, a pesar de que se encuentra vigente la reconducción presupuestal correspondiente al ejercicio 2025.
Subrayó que la ley es clara y no puede quedar sujeta a interpretaciones ni decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
“La falta de estos recursos afecta la planeación financiera y pone en riesgo el cumplimiento de obligaciones laborales y administrativas, exigimos la transferencia inmediata de los montos faltantes, una explicación formal y pública, y el respeto irrestricto a la autonomía y a la legalidad presupuestal”, afirmó.
Durante el encuentro, los titulares de los organismos detallaron las afectaciones; en el caso de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, su titular, Javier Flores Saldívar, reportó un faltante de alrededor de 20 millones de pesos por quincena, lo que podría representar una afectación anual cercana a los 480 millones de pesos, impactando directamente la operatividad y los servicios de procuración de justicia.
El Poder Judicial, a cargo de Laura Perla Córdova Rodríguez, denunció una reducción aproximada del 10 por ciento, equivalente a 14 millones de pesos en una sola quincena, lo que podría traducirse en una afectación anual de hasta 350 millones de pesos.
Aunque lograron cumplir con el pago de la nómina, la magistrada presienta advirtió que la situación compromete seriamente la operación de la institución.
Por su parte, la CEDH, presidida por Susana Méndez Arellano, informó que solicitó siete millones de pesos y sólo recibió cinco, lo que representa un recorte cercano al 30 por ciento.
La Ombusperson expuso que esta situación pone en riesgo obligaciones laborales, de seguridad social y la operación general del organismo, además de vulnerar su autonomía constitucional.
En el caso del INFONL, su presidenta Brenda Lizeth González Lara indicó que se registró un faltante del 10 por ciento en la primera ministración de enero, equivalente a más de 9.6 millones de pesos, lo que afecta tanto el pago de nómina como los servicios que se brindan a la ciudadanía.
Finalmente, el titular de la Auditoría Superior del Estado, Alejandro Reynoso Rodríguez, señaló que también enfrentan una reducción cercana al 10 por ciento, lo que podría representar una afectación anual de alrededor de 50 millones de pesos, además de incumplimientos a la reconducción y actualización presupuestal establecidas en la Constitución.
Los representantes coincidieron en exhortar al Ejecutivo estatal para que regularice de inmediato la entrega de los recursos, pues de no hacerlo antes de que concluya el mes, podrían recurrir nuevamente a acciones legales como controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, al considerar que los recortes vulneran la autonomía de los poderes y organismos autónomos del estado.
