Ciudad Victoria, Tam.-
Escuelas públicas y privadas de Tamaulipas podrían ser obligadas a poner fecha y cumplir plazos en la entrega de certificados y títulos, ante una reforma legal que busca frenar retrasos que hoy bloquean trámites académicos, concursos y oportunidades laborales para miles de estudiantes.
La falta de reglas claras ha provocado que egresados esperen meses e incluso años para recibir documentos oficiales, una situación que les impide continuar estudios, acceder a empleos formales o acreditar legalmente su formación, pese a haber concluido satisfactoriamente sus programas académicos.
Frente a este escenario, legisladores de Morena presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Educación estatal.
La propuesta plantea modificar las fracciones VIII y IX y adicionar una fracción X al artículo 133, para obligar a los planteles con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a entregar un escrito donde se establezca el plazo estimado de expedición de certificados y títulos.
El objetivo es otorgar certeza jurídica a los alumnos una vez acreditados todos los requisitos académicos, evitando prácticas discrecionales y retrasos injustificados por parte de algunas instituciones educativas.
En la exposición de motivos se advierte que la ausencia de regulación vulnera principios constitucionales como el acceso efectivo a la educación y la progresividad de los derechos, además de contravenir compromisos internacionales en materia de derechos económicos y sociales.
La reforma establece que los plazos deberán ser razonables y ajustarse a los tiempos fijados por la autoridad educativa competente, lo que permitirá homologar criterios y facilitar la supervisión institucional.
Asimismo, el planteamiento busca armonizar la legislación local con la Ley General de Educación, que obliga a autoridades y particulares a sujetarse a principios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en la prestación de servicios educativos.
De aprobarse, la medida dotará a la autoridad educativa de parámetros claros y fiscalizables para vigilar a las instituciones privadas y evitar que la conclusión de estudios quede sujeta a la incertidumbre administrativa.
La iniciativa apunta a consolidar un entorno educativo más confiable, donde la obtención de documentos oficiales deje de ser un obstáculo y se convierta en un trámite previsible que favorezca la movilidad académica y la competitividad profesional en Tamaulipas. (Con información de Rogelio Rodríguez Mendoza/ El Diario MX)
