Monterrey, N.L.-
Un juez federal sancionó a la exfuncionaria municipal Karina “N” Gustavo “N” y Deborah “N”, por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones en perjuicio del senador Waldo Fernández González, a quien deberán compensar, en conjunto, con 3.2 millones de pesos.
La resolución judicial establece que los implicados participaron en la fabricación de un delito y el trámite de información falsa ante las autoridades para dañar la reputación e integridad del legislador durante un proceso electoral de 2024.
Como parte de la salida alterna (suspensión condicional del proceso por 18 meses), el juez impuso como condiciones que los tres involucrados paguen solidariamente 3.2 millones de pesos por concepto de reparación del daño, monto que el senador Fernández anunció será destinado a la beneficencia pública y causas sociales.
De la misma forma, cada uno de los responsables emitió cartas de disculpa reconociendo la falsedad de sus actos.
Gustavo “N” admitió haber participado en un “montaje” y reconoció haber fungido como abogado sin contar con cédula profesional.
En tanto, Deborah “N” confesó haber declarado hechos “totalmente falsos” y señaló que no conocía al senador en persona hasta el inicio de las audiencias.
Por último, Karina “N”, quien era candidata al Senado, reconoció haber instrumentado un “falso delito” motivada por ambiciones políticas.
De esta forma, Karina “N” fue castigada con la inhabilitación política y no podrá participar en cargos de elección popular hasta que se cumpla la reparación integral del daño.
Los tres implicados en el caso deberán realizar 30 jornadas de trabajo comunitario y difundir una campaña en redes sociales sobre las consecuencias de presentar denuncias falsas.
Como medidas de restricción, se les prohibió tener contacto con la víctima, testigos o medios de comunicación durante el periodo de suspensión del proceso.
Al respecto, el senador, Waldo Fernández González, subrayó que este caso no se trató de una venganza, sino de la defensa de su honor y el de su familia.
”No se vale hacer guerra sucia, no se vale difamar, no se vale fabricar montajes. Con causas tan serias no se juega”, afirmó el legislador.
Fernández destacó que el fallo acredita que no se pueden utilizar instituciones de justicia ni acusaciones delicadas como armas electorales.
Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para revisar sus protocolos y evitar que el sistema sea utilizado para validar testimonios fabricados.
El proceso penal se reanudará formalmente el 18 de octubre de 2027 para verificar el cumplimiento total de las sanciones impuestas.
