Monterrey, N.L.-
La diputada local del PRI, Armida Serrato Flores presentó una iniciativa para expedir la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión en el estado de Nuevo León, tendiente a frenar el crecimiento de delitos que vulneran la libertad y el patrimonio de la ciudadanía.
La legisladora manifestó que la extorsión ha evolucionado mediante el uso de tecnologías y nuevas modalidades que han incrementado el número de víctimas.
Entre las prácticas más recurrentes mencionó el “derecho de piso”, los engaños por supuestos premios o herencias inexistentes, así como el secuestro virtual, una variante de extorsión telefónica que busca aislar a la víctima para presionar a sus familiares.
Serrato Flores destacó que la urgencia de esta propuesta se sustenta en el aumento de casos en la entidad, luego de que en 2021 se registraron 601 denuncias, mientras que para el cierre de 2025 la cifra ascendió a 940, acumulando un total de 3 mil 950 casos en los últimos cinco años.
La iniciativa contempla 21 artículos y busca armonizar la legislación estatal con el marco federal, además de responder a la complejidad económica e industrial de Nuevo León.
Entre sus principales ejes se encuentra la creación de una Unidad Especializada en Materia de Extorsión dentro de la Fiscalía, integrada por personal capacitado para investigar estos delitos de oficio.
Asimismo, se plantea la implementación de un Centro de Atención a Denuncias con herramientas tecnológicas, incluyendo inteligencia artificial, para mejorar la recepción y seguimiento de reportes, así como una Unidad de Enlace Empresarial que brinde protección al sector productivo mediante canales de denuncia segura.
En materia penitenciaria, la propuesta establece auditorías tecnológicas trimestrales en los centros de reinserción social para verificar la efectividad de los inhibidores de señal celular, con el fin de evitar que desde estos espacios se cometan actos de extorsión.
Además, se contempla un plazo de 180 días para que el Centro de Atención y la Unidad de Enlace comiencen operaciones de forma progresiva durante 2026, mientras que para el presupuesto de 2027 la Fiscalía deberá proyectar los recursos necesarios para su funcionamiento total.
“Esta ley busca devolverle tranquilidad a la ciudadanía y cerrar espacios a la delincuencia”, afirmó la diputada, al presentar la iniciativa ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.
