Ciudad Victoria, Tam.-
En medio de un áspero enfrentamiento político, el Congreso de Tamaulipas aprobó este martes la minuta de reforma electoral conocida como “Plan B”, con 24 votos a favor y seis abstenciones, en una sesión marcada por recriminaciones, gritos y acusaciones cruzadas entre Morena, PAN y Movimiento Ciudadano.
La reforma avalada modifica disposiciones constitucionales para reducir el presupuesto de los congresos locales, limitar el número de regidores en los ayuntamientos y recortar percepciones económicas de consejeros y magistrados electorales, detonando un debate polarizado entre oficialismo y oposición.
Desde la bancada panista, la diputada María del Rosario González Flores advirtió que la reforma representa un retroceso democrático y entraña riesgos autoritarios, al debilitar instituciones electorales sin atacar problemas de fondo como el financiamiento ilícito en campañas.
Afirmó además que la propuesta omite corregir distorsiones como la sobrerrepresentación legislativa, fenómeno que —señaló— distorsiona la voluntad popular expresada en las urnas y altera la representación democrática.
Por Movimiento Ciudadano, Mayra Benavides sostuvo que la minuta se limita a ajustes administrativos y recortes presupuestales, sin enfrentar los verdaderos desafíos del sistema electoral, como la infiltración del crimen organizado y la violencia contra candidatos.
La legisladora emecista recordó que su partido presentó una propuesta integral de reforma electoral orientada a combatir esos problemas, incluyendo reducción al financiamiento partidista y eliminación de duplicidades burocráticas, sin que fuera tomada en cuenta.
En defensa del dictamen, la diputada morenista Lucero Martínez López rechazó que la reforma tenga tintes autoritarios y sostuvo que su propósito es desmontar privilegios enquistados en los órganos electorales, bajo el principio de austeridad republicana.
Aseguró que durante años se construyó un modelo electoral sobredimensionado, costoso y alejado de la realidad social, y que la reforma busca precisamente racionalizar recursos sin afectar la esencia democrática ni el derecho al voto.
La panista Patricia Saldívar Cano replicó que la modificación invade el federalismo al imponer desde el centro criterios uniformes sobre la integración de cabildos y presupuestos legislativos, vulnerando la autonomía de estados y municipios.
Criticó especialmente la reforma al artículo 115 constitucional, al advertir que fijar un máximo de un síndico y hasta 15 regidores podría generar distorsiones en cientos de municipios, lejos de garantizar eficiencia administrativa.
Desde Morena, Magaly Deandar Robinson respondió que la resistencia opositora obedece a la defensa de privilegios y estructuras burocráticas costosas, insistiendo en que la reforma no pone en riesgo elecciones ni mecanismos de participación ciudadana.
Sostuvo que el modelo actual ha operado con excesos presupuestales y desconexión social, por lo que la minuta busca reordenar el sistema electoral con criterios de eficiencia y racionalidad en el gasto público.
La reforma aprobada establece en el artículo 115 que cada ayuntamiento estará integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
En el artículo 116 se fija que el presupuesto anual de los congresos locales no podrá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos estatal, mientras que el artículo 134 impone límites a las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, prohibiéndoles seguros privados y prestaciones extraordinarias no previstas en ley.
Con la aprobación de esta minuta, Tamaulipas se sumó a las entidades que respaldan una reforma que, para Morena, significa austeridad y eficiencia, pero que para sus detractores abre una peligrosa ruta de debilitamiento institucional. (Con información de Rogelio Rodríguez Mendoza/ Diario MX)
