Ciudad Victoria, Tam.-
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declara inconstitucionales normas que criminalizan el aborto en Tamaulipas, marca un punto de inflexión en la agenda legislativa del estado, donde ahora el Congreso local deberá analizar y eventualmente armonizar su marco legal.
Tras el fallo, la diputada local Lucero Deosdady Martínez López adelantó que el siguiente paso será abrir el debate público y legislativo, reconociendo la polarización social en torno al tema.
“Efectivamente, la Suprema Corte emitió una resolución en la cual determina que son inconstitucionales las leyes que criminalizan el aborto, sin embargo, para que una norma sea aplicada de manera general, tiene que pasar por un proceso legislativo y estar debidamente plasmada en la ley estatal”, explicó.
La legisladora indicó que se contempla la realización de un parlamento abierto para escuchar a todos los sectores, desde organizaciones civiles hasta especialistas en salud y derecho.
“Tenemos la idea de impulsar un parlamento abierto porque sabemos que existen posturas a favor y en contra, ese será el momento para escuchar todas las voces, pero también para dejar claro que se trata de un tema de salud pública, de derechos sexuales y reproductivos y de derechos humanos, no de opiniones personales”, sostuvo.
Actualmente, en Tamaulipas el aborto ya es permitido bajo ciertas causales, sin embargo, la propuesta que se perfila, en línea con criterios nacionales, buscaría garantizar su acceso de forma legal, segura y gratuita dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
“Lo que se plantea es que pueda realizarse hasta las 12 semanas de manera voluntaria, sin criminalización y sin pena, en hospitales públicos, de forma legal y gratuita, para que además se puedan generar estadísticas claras y se brinde acompañamiento institucional”, detalló.
En ese sentido, también se contempla la incorporación de atención psicológica para quienes así lo soliciten, a través de instancias como el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas.
Uno de los puntos más sensibles del debate, reconoció la diputada, es el relacionado con la participación o postura de la pareja, particularmente del padre.
“Es un tema profundo y controversial; sin embargo, lo que establecen la jurisprudencia y los estudios del derecho es que prevalece el derecho sobre el cuerpo de la persona gestante, es ahí donde se centra la discusión jurídica”, explicó.
Más allá del plano legal, Martínez López subrayó que la clandestinidad en la práctica del aborto representa un riesgo real para la salud pública, además de impedir la generación de estadísticas confiables.
“Sabemos que este fenómeno existe y que muchas veces ocurre en la clandestinidad, lo que implica riesgos para la salud, no contamos con cifras exactas por esa razón, pero sí hay registros de más de 40 carpetas de investigación por delitos de aborto, lo que evidencia que aún se sigue criminalizando”, puntualizó. (Con información de Italia Soler / El Diario Mx)
