Monterrey, N.L.-
El Congreso de Nuevo León aprobó en primera vuelta reformas a la Ley de Gobierno Municipal, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la paridad de género y el uso de cámaras de video corporales por parte de los inspectores municipales.
Dentro del dictamen, presentado al pleno por la Comisión de Legislación, se incluye la protección del patrimonio histórico en los 51 municipios de la entidad.
Se contempla que la Paridad de Género tenga carácter obligatorio, por lo que se establece el mandato de observar dicho principio en los nombramientos de titulares de secretarías, direcciones y niveles superiores de la administración pública municipal.
Dentro del apartado de Transparencia y Rendición de Cuentas, los municipios estarán obligados a publicar trimestralmente en su portal oficial el estado de origen y aplicación de los recursos públicos mediante una “guía ciudadana” que facilite la comprensión de la información presupuestal.
Respecto al uso de cámaras corporales, se incorpora la obligatoriedad para que los servidores públicos responsables de inspección y vigilancia, pertenecientes a unidades administrativas municipales, utilicen sistemas de grabación audiovisual portátiles o cámaras de solapa.
“Hoy muchos ciudadanos no tienen cómo defenderse porque no existe evidencia de lo que realmente ocurre en una inspección”, dijo el diputado local del PAN, Miguel Ángel García Lechuga, promotor de dicha reforma.
El plazo para cumplir con esta medida será de 3 años para municipios con más de 50 mil habitantes y de hasta 6 años para municipios menores.
Asimismo, los Ayuntamientos deberán elaborar un catálogo del patrimonio histórico y cultural, colaborando con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para proyectos de restauración de casas antiguas y monumentos históricos.
En el dictamen legislativo, se modifica la figura de la Contraloría por la de “Órgano Interno de Control”, otorgándole facultades específicas para la fiscalización, investigación y resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa.
Además, se obliga a realizar consultas públicas vinculantes para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y se introduce una revisión integral obligatoria a la mitad del periodo de gobierno para evaluar los indicadores de desempeño.
Otras disposiciones integradas son el fomento de programas permanentes de participación de niñas, niños y adolescentes en escuelas públicas para la deliberación de proyectos comunitarios.
A ello se suma la obligación de contar con protocolos para la prevención y sanción de la violencia de género ejercida por servidores públicos municipales.
Por último, se otorgan facultades claras a los ayuntamientos para regular y sancionar perturbaciones por ruido excesivo en zonas habitacionales.
Al ser una reforma aprobada en primera vuelta, el dictamen continuará con su proceso legislativo para una segunda discusión y votación definitiva antes de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
