Monterrey, N.L.-
A fin de apoyar con atención psicológica y programas de salud mental a personas cuidadoras, la diputada local de Morena, Anylú Bendición Hernández Sepúlveda, propuso reformas a la Ley de Salud Mental del Estado.
Tras acudir a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, la legisladora morenista señaló que quienes se dedican al cuidado de familiares, vecinos o personas con alguna condición de dependencia enfrentan altos niveles de estrés y desgaste emocional, muchas veces sin recibir respaldo institucional ni apoyos económicos.
Explicó que una de las iniciativas busca exhortar a los municipios para que, a través de los sistemas DIF, implementen programas especializados de salud mental dirigidos específicamente a personas cuidadoras, además de crear censos y padrones que permitan conocer cuántas personas realizan esta labor en la entidad.
Hernández Sepúlveda indicó que en el municipio de Escobedo ya existen campañas enfocadas en este sector, por lo que planteó replicar el modelo en los 51 municipios de Nuevo León.
Asimismo, informó que Morena presentó una reforma a la Ley de Salud Mental del Estado para solicitar que la Secretaría de Salud destine recursos específicos a políticas públicas enfocadas en personas cuidadoras, incluyendo terapias psicológicas, atención domiciliaria y líneas de apoyo emocional.
La diputada reconoció que actualmente no existe un censo oficial sobre esta población, aunque estimaciones preliminares apuntan a que podrían existir cerca de 200 mil personas cuidadoras en Nuevo León.
En relación con los juicios políticos promovidos contra el mandatario estatal, Hernández Sepúlveda afirmó que Morena no respaldará procesos impulsados por PRI y PAN si estos tienen un trasfondo político, y adelantó que el próximo lunes el partido ofrecerá una rueda de prensa encabezada por el senador Alejandro Murat para informar sobre avances en investigaciones federales relacionadas con presuntos actos de corrupción.
La legisladora también expresó respaldo a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar al 2028 la elección del Poder Judicial local y fortalecer mecanismos de revisión para evitar vínculos de candidaturas con grupos delictivos.
