Reynosa, Tamps.-
El diputado local de Morena, Humberto Prieto Herrera, informó que la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras instancias federales participarán en la revisión de perfiles de futuros candidatos a cargos de elección popular para detectar posibles vínculos con grupos delincuenciales.
El legislador explicó que actualmente se trabaja en la creación de un comité encargado de analizar las candidaturas propuestas por los partidos políticos, con el objetivo de emitir opiniones sobre posibles antecedentes o nexos relacionados con la delincuencia organizada.
Detalló que, en caso de detectarse alguna irregularidad o posible vínculo criminal en un aspirante, se notificará al partido político correspondiente, el cual decidirá si mantiene o retira la candidatura.
“No es un tema de que si estás en ese supuesto ya no puedas competir. Simplemente se va a emitir una opinión y cada partido decidirá si continúa impulsando a esa persona”, señaló.
Prieto Herrera manifestó que esta medida busca fortalecer los mecanismos de control para evitar cualquier tipo de injerencia del crimen organizado dentro de las estructuras gubernamentales o en el financiamiento de campañas políticas.
El diputado consideró necesaria la implementación de estos filtros y aseguró que quienes aspiren a un cargo público deben someterse a revisiones para garantizar que cuentan con una trayectoria dentro del marco legal.
“El que nada debe, nada teme. Todos debemos someternos a esta investigación para que quienes compitan sean personas de probada calidad moral”, expresó.
Asimismo, reconoció que anteriormente los partidos políticos confiaban en los perfiles registrados sin existir una obligación formal de realizar investigaciones profundas sobre los aspirantes.
Sin embargo, señaló que con este nuevo esquema se busca inhibir la participación de personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas dentro de los procesos electorales y de gobierno.
Indicó que el tema actualmente es analizado tanto en el Congreso del Estado como en el Congreso de la Unión, como parte de las acciones para reforzar la transparencia y legalidad en las candidaturas políticas.
