Monterrey, N.L.-
A fin de combatir las malas prácticas de falsos asesores legales y garantizar que las personas de bajos recursos reciban orientación jurídica profesional y ética diputada local, Marisol González Elías, propuso reformas a la Ley de la Defensoría Pública y a la Ley de Profesiones del Estado.
La propuesta, presentada por la legisladora de Movimiento Ciudadano, contempla modificaciones a 11 artículos de ambas legislaciones, para crear un Padrón Estatal de Prestadores de Asesoría Jurídica Gratuita y regular la labor social profesional en Nuevo León.
En su exposición, dijo que la iniciativa surge ante los casos de ciudadanos que acuden a brigadas o módulos de apoyo jurídico y terminan siendo víctimas de fraudes, pérdidas patrimoniales o afectaciones en trámites relacionados con pensiones del IMSS, testamentos y otros procesos legales.
“La gratuidad de un servicio profesional no elimina su naturaleza profesional, la ausencia de cobro no debe traducirse en ausencia de responsabilidad”, señaló al presentar la propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.
Entre los principales ejes de la iniciativa destaca la creación de un registro obligatorio para personas físicas o morales que brinden asesoría legal gratuita.
Dicho padrón sería administrado y supervisado por el Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León, con el fin de ordenar la colaboración externa, supervisar a estudiantes y canalizar formalmente los casos.
Asimismo, la reforma establece que todo servicio jurídico gratuito deberá ofrecerse con el mismo rigor, prudencia y competencia técnica que un servicio privado.
Además, los prestadores deberán identificarse con cédula profesional y entregar una constancia mínima de atención a los ciudadanos. La propuesta también contempla que los profesionistas puedan enfrentar responsabilidades civiles, penales o administrativas aun cuando el servicio haya sido gratuito.
En caso de comprobarse afectaciones graves derivadas de una mala asesoría, podrían aplicarse sanciones previstas en el Código Penal e incluso el retiro de la cédula profesional.
En la Ley de la Defensoría Pública, las modificaciones facultan al Instituto para crear y administrar el padrón, emitir lineamientos, incluir estadísticas sobre el funcionamiento del registro y someter a evaluación e inspección a quienes participen en estos esquemas de asesoría.
Por otra parte, en la Ley de Profesiones se establece que la asesoría técnica gratuita forma parte del ejercicio profesional y, por tanto, debe cumplir con los mismos estándares éticos y de calidad que cualquier servicio remunerado.
También se refuerza la obligación de brindar un trato digno y prevenir riesgos durante el servicio social o comunitario.
González Elías puntualizó que la iniciativa no busca frenar la labor social de universidades, colegios de abogados y asociaciones civiles, sino brindar mayor transparencia y protección a la ciudadanía.
Proponen padrón estatal de asesorías jurídicas gratuitas en Nuevo León
