Monterrey, N.L.-
A fin de cumplir una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y fortalecer las garantías de legalidad en el estado, el diputado local, Javier Caballero Gaona, propuso reformar la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.
El también presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Congreso del Estado dijo que la iniciativa presentada pretende corregir una omisión legislativa en el diseño actual de la ley y garantizar el debido proceso en materia de responsabilidades administrativas.
Explicó que la iniciativa surge a raíz de una controversia constitucional promovida originalmente por el municipio de San Pedro Garza García en contra del Poder Legislativo del Estado, donde se señaló que la actual Ley de Justicia Administrativa facultaba a la misma Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas para resolver tanto la primera instancia como los recursos de apelación de sus propias competencias.
Al dictar sentencia, el máximo tribunal del país determinó que debe ser una instancia jerárquicamente superior la encargada de resolver dichos recursos, señaló.
“Estoy presentando una iniciativa para cumplir con un mandato de la Suprema Corte de Justicia que nos ordena, a la Comisión de Justicia, que modifiquemos la Ley, para que las salas especializadas de los tribunales, cuando haya alguna controversia, la tengan que turnar al nivel superior”, señaló Caballero Gaona.
La propuesta entregada ante la Oficialía de Partes, plantea reformar las fracciones XVII y XVIII del artículo 18, así como las fracciones XIV y XV del artículo 196 y adiciona una fracción XIX al artículo 18; y se deroga la fracción XVI del artículo 196; todas las de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.
Con esta redistribución de competencias se busca brindar una total claridad en la estructura del Tribunal y asegurar una impartición de justicia imparcial, efectiva y plenamente alineada con los principios constitucionales, señaló el legislador legislador local del PRI.
“Con esta reforma garantizamos una segunda instancia efectiva, fortalecemos la certeza jurídica y cumplimos con una resolución de la Suprema Corte, es necesario fortalecer las instituciones, respetar el Estado de Derecho y la adecuación de la legislación estatal a los criterios establecidos por la SCJN”, concluyó.
