Monterrey, N.L.-
La Diputación Permanente del Congreso del Estado turnó con carácter urgente a la Comisión Anticorrupción una nueva solicitud de juicio político en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, promovida por integrantes de Morena como ciudadanos
La presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato Flores, informó
que la denuncia está relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, específicamente por una supuesta triangulación de recursos hacia un despacho vinculado al padre del mandatario estatal, Samuel García Mascorro.
La diputada local del PRI anunció que convocará a sesión de la Comisión Anticorrupción el próximo 12 de junio, para analizar la procedencia del juicio político y, en su caso, iniciar formalmente el procedimiento.
Explicó que, de aprobarse, se otorgaría al mandatario estatal un plazo de cinco días hábiles para responder a las acusaciones y ejercer su derecho de audiencia.
Respecto al avance de tres juicios políticos previamente abiertos contra el titular del Ejecutivo estatal, señaló que, tras un acuerdo adoptado el pasado 21 de mayo, se realizaron diligencias iniciales que incluyeron el envío de 61 oficios a diversas dependencias y organismos, de los cuales 51 ya fueron respondidos.
Entre las respuestas recibidas, destacó la remitida por la Contraloría estatal, que entregó documentación en formato digital contenida en un dispositivo USB, aunque la información se encuentra encriptada, por lo que se solicitó formalmente la contraseña para poder acceder a su contenido.
La legisladora también informó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación remitió al Congreso 35 copias certificadas correspondientes a 15 expedientes relacionados con procedimientos y recursos sancionadores en los que figura el gobernador; la documentación aún se encuentra en proceso de revisión.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción mencionó que el informe derivado de las investigaciones realizadas en los tres expedientes abiertos deberá presentarse ante los integrantes de la comisión en los próximos días.
Respecto al nuevo juicio político, sostuvo que el procedimiento se desarrollará conforme a los plazos establecidos en la ley y estimó que, de existir los consensos políticos necesarios, el asunto podría llegar al Pleno del Congreso en un plazo aproximado de dos a tres meses.
La diputada recordó que, en caso de aprobarse un eventual desafuero por parte del Congreso, correspondería al Tribunal Superior de Justicia determinar las sanciones que procedan conforme a la legislación aplicable.
Por último, hizo un llamado al gobernador para atender los asuntos de interés público y cumplir con sus responsabilidades constitucionales, al tiempo que exhortó a las distintas fuerzas políticas a avanzar en los pendientes legislativos, entre ellos la reforma electoral en la entidad.
