Ciudad Victoria, Tam.-
Lo que hoy es una vinculación a proceso de alto impacto, tuvo su origen en los primeros días de la actual administración estatal. La investigación contra “YAC”, ex titular de la Secretaría de Bienestar Social estatal no fue un proceso fortuito.
Se trata de un expediente cuya integración técnica y jurídica comenzó a gestarse el 9 de enero de 2023, cuando Tania Contreras López, hoy presidenta del Poder Judicial, ocupaba la titularidad de la Consejería Jurídica del gobernador Américo Villarreal Anaya.
La trama judicial que hoy tiene a la exfuncionaria bajo proceso penal en la carpeta procesal 733/2025 inició formalmente apenas tres meses después del cambio de gobierno.
El 23 de diciembre de 2022, Verónica Adriana Aguirre de los Santos interpuso la denuncia que destapó una presunta red de corrupción en la compra de despensas.
Bajo la batuta de Tania Contreras en la Consejería Jurídica, se integraron a la carpeta de investigación 17/2023 los pilares del caso: contratos, dictámenes del Comité de Compras y peritajes contables que señalan un presunto daño patrimonial por 985 millones 200 mil pesos.
La acusación es clara: durante 2021 y 2022, se habrían saltado las licitaciones públicas para entregar contratos directos por montos millonarios.
El caso ha sido una carrera de obstáculos. Desde que se judicializó la carpeta en noviembre del 2025, la defensa de Yahleel “N” agotó recursos para evitar el banquillo. Entre las tácticas documentadas figuran:
- Justificantes médicos: Desde extracciones dentales hasta cuadros de bronquitis aguda.
- Cambios de defensa: Movimiento recurrente para solicitar prórrogas y “conocer el expediente”.
- Amparos: Diversos juicios para frenar posibles órdenes de aprehensión.
Sin embargo, el pasado 8 de febrero de 2026, el Juez de Control fue contundente: las constancias médicas no eran impedimento para comparecer, señalando una “conducta reiterada” para evadir la justicia.
Casi tres años después de que la oficina de Tania Contreras iniciara el rastreo de estos recursos, el escenario ha cambiado pero el objetivo legal se mantiene.
Con Contreras ahora a la cabeza del Supremo Tribunal de Justicia, la jueza de control resolvió este 1 de julio vincular a proceso a “YAC” por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Esta resolución abre un periodo de seis meses de investigación complementaria que cerrará el 4 de enero del 2027.
En este lapso, la Fiscalía deberá blindar sus pruebas, mientras que la defensa intentará desvirtuar un expediente que nació en la Consejería jurídica del Poder Ejecutivo y que hoy marca un precedente en el combate a la corrupción en el Estado. (Con información de Francisco Medina Guerrero / El Diario Mx)
