Vinculan a proceso a 26 personas por “aviadores” en Edomex

Toluca, EdoMX.-
Una investigación iniciada a partir de anomalías detectadas en la contratación de personal docente destapó una presunta red de corrupción que, durante al menos cinco años, habría utilizado plazas del Gobierno del Estado de México para desviar recursos públicos mediante el esquema conocido como “aviadores”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que, hasta ahora, 26 personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en esta operación, mientras que otro imputado espera la resolución de su situación jurídica y cinco más promovieron amparos para evitar su captura.

La indagatoria involucra a 33 personas entre exfuncionarios, servidores públicos en activo y particulares, quienes presuntamente participaron en la creación de plazas irregulares, el registro de personal inexistente y la dispersión de recursos provenientes de la nómina estatal.

El caso comenzó tras las denuncias presentadas este año por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), luego de detectar 459 altas de personal docente cuyos beneficiarios no acudían a laborar ni existían evidencias de que desempeñarán funciones en escuelas.

A partir de esas denuncias, la Fiscalía reconstruyó una estructura que, según las investigaciones, operaba desde 2021 y que involucraba a funcionarios de distintas dependencias encargados de autorizar contrataciones, registrar movimientos administrativos, validar expedientes y liberar pagos.

Las pesquisas apuntan a que la red estaba integrada por exsubsecretarios, directores generales, delegados administrativos, coordinadores, subdirectores, jefes de departamento y personal operativo de las secretarías de Finanzas, Educación y Seguridad, así como de la Oficialía Mayor y de la SECTI.

De acuerdo con las investigaciones, las plazas se daban de alta aun cuando los expedientes carecían de documentación indispensable o presentaban irregularidades. Pese a ello, eran incorporadas a los sistemas administrativos y de nómina, lo que permitía que los pagos se realizarán de manera periódica.

La Fiscalía sostiene que el grupo también utilizaba una red de “reclutadores”, encargados de convencer principalmente a familiares y personas cercanas para prestar sus datos personales y aparecer como trabajadores del gobierno.

Una vez generadas las plazas, las tarjetas bancarias donde se depositaban los salarios quedaban bajo control de integrantes de la organización, quienes retiraban el dinero y distribuían los recursos entre los operadores del esquema. A los titulares de las cuentas únicamente les entregaban una cantidad reducida.

Según la investigación, entre enero de 2025 y febrero de 2026 la red obtuvo más de 96 millones de pesos, equivalente a cerca de cuatro millones de pesos cada quincena, además de prestaciones como aguinaldos, primas vacacionales y bonos. La Fiscalía no descarta que el monto aumente conforme avance la investigación, ya que existen indicios de que el mecanismo operaba desde 2021.

Los investigadores también documentaron que varios funcionarios presuntamente se asignaron plazas docentes con salarios cercanos a los 50 mil pesos mensuales, las cuales mantenían mediante licencias para conservar derechos laborales y utilizarlas como respaldo en caso de dejar sus cargos de confianza.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía retomó un hecho ocurrido en diciembre de 2021, cuando un servidor público fue detenido en Toluca con 164 tarjetas bancarias pertenecientes a empleados adscritos a la Secretaría de Seguridad y 180 mil pesos en efectivo. En aquel momento, superiores jerárquicos justificaron que las tarjetas eran utilizadas para realizar gestiones bancarias; ahora ese episodio forma parte de la investigación sobre la presunta red.

Los datos obtenidos también muestran que algunos capturistas llegaron a realizar más de 70 altas irregulares y, presuntamente, recibían cinco mil pesos por cada movimiento. Para dificultar su detección, las altas eran registradas durante la madrugada y desde distintas cuentas de usuario.

Las plazas eran asignadas a centros de trabajo inactivos ubicados en municipios como Toluca, Metepec, Zinacantepec, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tejupilco, Luvianos, Amecameca y Zumpango, entre otros.

Dentro de la carpeta de investigación también se integraron conversaciones en las que presuntos reclutadores pedían a los beneficiarios cancelar sus cuentas bancarias tras el inicio de auditorías y negar cualquier relación laboral con el gobierno en caso de ser entrevistados por autoridades.

Además del presunto fraude, la Fiscalía afirma haber identificado un nivel de vida que no correspondería con los ingresos de varios de los investigados, quienes habrían realizado viajes internacionales a destinos como París, Dubái, Egipto, China y Las Vegas, además de adquirir vehículos de lujo, accesorios de alta gama e inmuebles de elevado valor.

El expediente, integrado por 30 tomos y alrededor de 12 mil fojas, sirvió para solicitar órdenes de aprehensión, cateos y audiencias de imputación. De los 33 investigados, seis son exservidores públicos; nueve laboraban en la Oficialía Mayor; 11 en la SECTI; una persona en la Secretaría del Bienestar y el resto corresponde a particulares señalados como reclutadores o beneficiarios del esquema.

Todos enfrentan investigaciones por los delitos de fraude y abuso de autoridad, mientras la Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para determinar si existen más personas involucradas y si el daño patrimonial es superior al estimado hasta ahora.