Ciudad de México.-
El investigador Felipe Echenique March considera un paso importante y nunca antes visto que arqueólogos de diferentes procedencias y áreas de estudio se unieran para denunciar penal y formalmente la destrucción de patrimonio arqueológico en la zona donde se construyó el Tren Maya, específicamente en las obras de Báalam Tun, uno de los Parques de la Memoria anunciados por el Gobierno Federal.
Echenique ha realizado diferentes denuncias por destrucción y mal uso del patrimonio mexicano a lo largo de casi cuatro décadas; sin embargo, explica en entrevista que es la primera vez que observa que son los propios arqueólogos quienes encabezan la lucha contra el mal proceder de la arqueología mexicana.
Historiador de carrera, Echenique sostiene que la lucha no es únicamente contra los directivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sino contra las decisiones gubernamentales. “Hemos visto el caso de Teotihuacán, los Juegos Olímpicos en años pasados, hoy los Parques de la Memoria; las imposiciones y caprichos de un presidente no son nuevos, porque la arqueología representa prestigio para ellos mismos, pero que sean los arqueólogos quienes hoy den la cara es lo que destaca”, apunta.
Impacto arqueológico y denuncias en torno al Tren Maya
Para el especialista, uno de los puntos más sólidos de la demanda es el expediente de casi 700 páginas que elaboraron más de 20 investigadores para sostener las acusaciones en contra de los funcionarios del INAH, el cual fue entregado formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo.
“Les están mostrando a la FGR los criterios propiamente arqueológicos acompañados con la ley de arqueología; ahí hacen juicios académicos sobre lo que se hizo en ese Parque de la Memoria y, como lo dijimos antes, ese parque es la prueba fehaciente de la destrucción que hubo en el trazado del Tren Maya“, explica.
“Es absurdo poner un parque temático en medio de una de las zonas con mayores sitios arqueológicos sin explorar. Lo arqueológico no debe consistir en piezas de exhibición, sino aprenderse desde sus lugares de origen”, agrega.
Futuro legal y posturas institucionales
Aunque el expediente presentado es extenso y las evidencias representan un respaldo contundente, Echenique duda que haya justicia debido a la enorme magnitud del daño provocado. Afirma que es incuantificable cuánto se destruyó en el ecosistema del Tren Maya, ya que destruir un solo monumento arqueológico puede ser penado con cuatro o cinco años de cárcel, mientras que en este caso se habla de miles de estructuras.
“Lo que sí creo pertinente es que le quiten la licencia y el título de doctor al responsable de todo esto, que en este caso es Manuel Pérez Rivas, quien lo asume como un proyecto propio, y también determinar la responsabilidad de Diego Prieto. Es muy fuerte, pero creo que es posible que no prospere la denuncia; aun así, marca un antes y un después en la historia del gremio de los arqueólogos”, señala.
Luego de que el arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez hiciera pública la denuncia penal en contra de 26 funcionarios del INAH por seis delitos que involucran afectaciones por las obras del Tren Maya, el instituto respondió con un breve comunicado donde señaló que, una vez que conozca el contenido de la denuncia, “dará el seguimiento jurídico que conforme a derecho proceda”. Para Echenique, dicha postura representa una clara advertencia hacia los denunciantes.
Para conocer más sobre el marco de protección legal del patrimonio histórico y las normativas federales de conservación en México, puedes consultar el portal de la Secretaría de Cultura.
