Monterrey, N.L.-
La reciente reforma aprobada para tipificar formalmente como delito la no devolución de vehículos arrendados en Nuevo León dará certidumbre, fortalecerá la seguridad jurídica y combatirá de manera frontal el mercado ilegal de automóviles y autopartes en la entidad.
Así lo consideraron en rueda de prensa desde el Congreso del Estado el diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis Garza Garza, y el presidente de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVE), Fernando Noriega Treviño, al destacar la entrada en vigor de la modificación al Código Penal del estado en la materia.
Garza Garza, impulsor de la iniciativa, destacó que la reforma requirió más de un año de trabajo continuo y mesas técnicas con la Fiscalía, la AMAVE y legisladores, hasta lograr su aprobación por unanimidad y posterior publicación oficial en el Periódico Oficial del Estado.
Explicó que la nueva legislación busca cerrar un vacío legal que era aprovechado por grupos delictivos para apropiarse indebidamente de los vehículos arrendados, alterar su documentación original y venderlos de manera ilegal. Esto provocaba pérdidas millonarias a las empresas del ramo y afectaba a compradores que adquirían unidades o autopartes de buena fe.
“Esta ley beneficia a toda la ciudadanía porque evita daños patrimoniales y fortalece el combate a este tipo de delitos”, señaló el diputado local emecista.
Impacto económico y combate al robo de vehículos arrendados
Por su parte, el presidente de AMAVE, Fernando Noriega Treviño, señaló que Nuevo León se convierte nuevamente en un referente nacional al establecer un marco jurídico que protege la flota de vehículos arrendados y brinda mayor certeza a usuarios, empresas e inversionistas.
Indicó que durante 2025 los socios de la asociación emplacaron más de 18 mil unidades en el estado. Reveló además que en 2024 se registraron 105 casos de vehículos arrendados no devueltos, de los cuales el 65 por ciento derivó en la venta ilegal de automóviles o autopartes y el 35 por ciento estuvo vinculado con otros delitos graves.
Añadió que para 2025 los casos aumentaron alrededor de un 15 por ciento, mientras que las pérdidas económicas para las empresas arrendadoras oscilaron entre los 40 y 50 millones de pesos anuales en la región.
Proyección del marco legal a nivel nacional
No obstante, Noriega Treviño destacó que la experiencia en estados como Jalisco, Sonora, Baja California Sur y Quintana Roo, donde ya existe una legislación similar, muestra una reducción sustancial de entre 70 y 80 por ciento en este tipo de conductas ilícitas.
Por ello, la AMAVE ya impulsa reformas similares en entidades como la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y el Estado de México, para homologar la protección jurídica de las unidades en todo el país.
En representación del fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, el director general de Derechos Humanos de la Fiscalía, Michael Gustavo Núñez Torres, reconoció el consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas y señaló que la participación de la dependencia fue de carácter técnico-jurídico para consolidar la iniciativa.
Para conocer más sobre el marco legal, iniciativas aprobadas y la labor del Poder Legislativo local, puedes ingresar al portal del Congreso del Estado de Nuevo León.
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