Querido lector, querida lectora.
Cada vez es más constante: tanto en las mañaneras como en el segmento oficial llamado Derecho de Réplica, se exhibe por nombre a ciudadanos comunes cuyo único delito fue opinar, criticar o cuestionar al poder. Ese espacio nació, se supone, para que el gobierno aclarara señalamientos en su contra —no para señalar al ciudadano que los hizo.
El artículo 89 de la Constitución —ese mismo que juran guardar y hacer guardar el presidente en turno— establece con total claridad cuáles son las facultades y obligaciones del Ejecutivo Federal. En ninguna de sus fracciones, ni en ningún otro artículo de nuestra Carta Magna, aparece que el mandatario en turno deba exhibir ante la nación a cualquier ciudadano común por el simple hecho de emitir una opinión que no les parezca conveniente. No hay base legal para usar el micrófono del Estado con el fin de alimentar esa narrativa oficialista de que “la derecha es perversa y nosotros somos el pueblo”. Y por si el 89 no bastara, ahí está el 134. En términos simples, ese artículo dice que todo servidor público debe usar los recursos y los espacios oficiales con imparcialidad, sin usarlos para favorecer o atacar a nadie en la contienda política; y prohíbe, de forma expresa, que la propaganda del gobierno sirva para promover o exhibir de forma personalizada a un funcionario o a un ciudadano. Cada mañanera que exhibe a un crítico no está en sus facultades, sino que convierte al artículo 134 en letra muerta.
Exhibir a un ciudadano desde la tribuna pública no es un debate, ni mucho menos un ejercicio de libertad de expresión; es un acto de violencia institucional. Cuando la presidenta o sus voceros proyectan el tuit, el video o el nombre de un ciudadano de a pie en las pantallas de Palacio Nacional, cometen una asimetría de poder brutal.
Un mexicano común opina, critica o se desahoga desde su teléfono, con un alcance limitado. El gobierno, en cambio, le responde utilizando todo el peso del aparato del Estado,. No es una discusión entre iguales.
El verdadero peligro de programas como el “Derecho de Réplica” es que no busquen informar, sino anular la dignidad del individuo. No siempre se desmiente un argumento con datos duros o transparencia; se etiqueta a la persona como “bot”, “traidor”, “adversario” o “corrupto” para restarle humanidad y validez ante la sociedad. Se le juzga y se le condena sin derecho a la defensa en un tribunal mediático que no rinde cuentas a nadie.
Y ahí está la trampa de fondo: si el derecho de réplica solo corre para el Estado, y nunca para el ciudadano en ese mismo micrófono desde el que fue señalado, algo está profundamente mal. Un derecho que solo protege a quien ya tiene el poder no es derecho: es privilegio.
Esto no es debate público. Es querer quitarnos el derecho a quejarnos. El mensaje implícito para todos nosotros es devastador: “Si te quejas de la falta de medicinas, si criticas una obra pública o si haces un meme viral, el próximo rostro exhibido y linchado ante la nación será el tuyo”.
En las urnas se decide el rumbo del país. En el día a día se defiende la dignidad. No permitamos que conviertan nuestro legítimo derecho a disentir en el delito de no aplaudir.
