Monterrey, N.L.—
La Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado avanza en el proceso de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda; ante la omisión de requerimientos, preparan en Congreso medidas de apremio contra dependencias estatales que han omitido entregar información requerida para integrar el expediente.
La presidenta de la Comisión, la diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, informó que cuatro notarios aún no han respondido a los requerimientos, mientras que el notario número 149 argumentó que no puede proporcionar información debido al secreto notarial.
La legisladora destacó además la información enviada por la Secretaría de Economía federal, que remitió 12 certificaciones de inscripción con historial registral de empresas bajo investigación, documentación que calificó como “muy valiosa” para el proceso.
Serrato Flores explicó que en cinco de esas empresas existen elementos relacionados con una posible triangulación de recursos.
Los historiales permitirán, dijo, cotejar las fechas de registro de las compañías con los periodos en que comenzaron a prestar servicios al Gobierno de Nuevo León.
Omisión de información y sanciones previstas
En contraste, señaló que 69 dependencias estatales incumplieron nuevamente con la entrega de información, pese a que se trataba de un segundo requerimiento.
Entre ellas se encuentra la Secretaría de Administración, que no ha entregado contratos de las empresas investigadas ni justificado por qué no fueron sometidos a licitación pública.
Ante estas omisiones, la presidenta de la Comisión Anticorrupción anunció que el paso a seguir mientras preparan en Congreso las acciones legales es “emitirle un oficio formal a la Contralora del Estado, que de incluso estoy pidiendo que me reciba, para efecto de pedirle a ella, como superior jerárquico de los secretarios, emitan las medidas de apremio correspondientes”.
Entre las sanciones previstas mencionó arresto administrativo de hasta 36 horas, multas e incluso el inicio de un juicio político.
Serrato Flores adelantó que propondrá otorgar a la Contraloría un plazo de seis días naturales para responder sobre las acciones que emprenderá.
La diputada priista sostuvo que la falta de información no favorece al Ejecutivo estatal y advirtió que los datos obtenidos hasta ahora resultan desfavorables para el gobernador.
Por ello, llamó a los secretarios a entregar documentación que pudiera contribuir a esclarecer los hechos y respaldar la posición del mandatario.
Avances del dictamen y defensa legal
Asimismo, informó que hasta el momento no ha sido designado un defensor de oficio para el gobernador, pese a que el propio mandatario solicitó esa figura en su escrito de informe.
Serrato Flores consideró que la falta de nombramiento podría estar relacionada con la controversia legal promovida por García.
En este marco, aseguró que la Comisión Anticorrupción podrá continuar con la elaboración del dictamen aun cuando persista la omisión de información, por lo que preparan en Congreso los siguientes pasos jurídicos.
En caso de que la Contraloría tampoco responda al requerimiento, planteará solicitar directamente la comparecencia o requerimiento personal de los secretarios involucrados, concluyó, en tanto que preparan en Congreso las resoluciones finales de la comisión.
Para conocer más detalles sobre el trabajo legislativo del estado, se puede consultar el sitio del Congreso del Estado de Nuevo León.
