Las cárceles mexicanas constituyen uno de los espacios donde las contradicciones del Estado se manifiestan con mayor crudeza. Allí, la autoridad tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad, preservar la integridad de las personas bajo su custodia y preparar las condiciones para su reinserción social.
Sin embargo, la realidad descrita en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expone una distancia persistente entre ese mandato y las condiciones de funcionamiento del sistema penitenciario. El documento no se limita a describir instalaciones deterioradas o deficiencias administrativas. Su importancia radica en que permite examinar una estructura institucional que enfrenta problemas de clasificación de la población interna, prevención de la violencia, suficiencia de personal de seguridad y custodia, condiciones materiales de alojamiento y atención diferenciada a personas en situación de vulnerabilidad. Uno de los hallazgos más significativos aparece en los centros penitenciarios estatales: de los 261 establecimientos visitados durante 2025, la CNDH identificó deficiencias en la clasificación de las personas privadas de la libertad en 258 centros, equivalentes al 98.9 por ciento. En 243 establecimientos, el 93.1 por ciento, detectó insuficiencia de programas para prevenir y atender incidentes violentos. En otros 241, equivalentes al 92.3 por ciento, encontró deficiencias en las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones destinadas al alojamiento de la población penitenciaria. Estas cifras no describen anomalías marginales. Muestran que tres problemas fundamentales —la organización de la población interna, la prevención de la violencia y las condiciones de estancia— se presentan en la abrumadora mayoría de los centros estatales supervisados.
La violencia detrás de los muros: 805 incidentes de riña en el registro nacional La violencia penitenciaria constituye otro de los ejes centrales del diagnóstico. Las cifras proporcionadas por las autoridades penitenciarias y recopiladas por la CNDH para 2025 registran 805 riñas en los sistemas estatales y federal. El total se integra por 532 incidentes reportados en centros estatales y 273 en centros federales. La misma información contabiliza 55 homicidios, 101 suicidios, tres motines y once evasiones o fugas en el conjunto de los sistemas estatales y federal. En el rubro de tortura o maltrato se registraron seis incidentes y en el de abusos, nueve. Las tres prisiones militares reportaron cero incidentes violentos en esas categorías durante el periodo analizado. La existencia de 101 suicidios reportados durante 2025, por ejemplo, exige examinar las condiciones de atención psicológica y psiquiátrica, la detección de crisis, el seguimiento de personas en riesgo y la disponibilidad de atención médica. Sin información adicional no puede afirmarse que todos esos decesos fueran evitables ni atribuirlos a una causa común. Estas cantidades requieren una lectura cuidadosa. Se trata de incidentes reportados por las autoridades en respuesta a solicitudes de información; no constituyen, por sí mismos, una medición exhaustiva de todos los actos de violencia que pudieron ocurrir. El propio documento señala diferencias entre algunos datos entregados a la CNDH y los consignados en los Cuadernos Mensuales de Información Estadística Penitenciaria Nacional. El DNSP 2025 constituye, en ese sentido, una radiografía institucional que interpela tanto a las autoridades penitenciarias como a los gobiernos estatales y federal, al Poder Judicial, a las instituciones de defensa pública y a los responsables de diseñar las políticas de seguridad. También cuestiona una idea arraigada en el debate público: que encarcelar a más personas o endurecer las condiciones de reclusión es, por sí mismo, una respuesta eficaz frente a la delincuencia. La evidencia obliga a considerar una conclusión distinta: la seguridad pública no termina en la sentencia judicial. También depende de lo que sucede dentro de las cárceles, de la capacidad institucional para impedir que la violencia continúe y de las condiciones en las que las personas regresan a sus comunidades.
Para más información sobre los derechos humanos y el sistema penitenciario, puedes consultar el Portal Oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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