El programa emblemático de capacitación juvenil del gobierno mexicano ha beneficiado a millones de jóvenes y muestra resultados favorables en inserción laboral. Pero cuando la pregunta cambia —¿ha reducido los homicidios y la violencia?— la evidencia disponible ofrece una respuesta mucho más cautelosa.
Una investigación publicada en Frontera Norte, revista de El Colegio de la Frontera Norte, examinó precisamente esa cuestión: ¿la puesta en marcha de Jóvenes Construyendo el Futuro produjo una reducción de los homicidios dolosos en México?
La respuesta que emerge del estudio es mucho más compleja que el discurso político a favor o en contra del programa.
El diseño de JCF parte de una preocupación que las autoridades han expresado reiteradamente: los jóvenes que no estudian ni trabajan pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la delincuencia y el reclutamiento criminal.
En febrero de 2024, la STPS había informado que 2.95 millones de jóvenes habían sido beneficiados y que la tasa de colocación laboral había pasado de poco más de 40% en los primeros años a más de 60%, según las cifras presentadas por la propia dependencia.
Es decir: para el gobierno, la principal evidencia de éxito del programa está relacionada con la incorporación de jóvenes al mundo laboral y la ampliación de oportunidades.
Pero eso no es exactamente lo mismo que demostrar una reducción del homicidio. La investigación de José Andrés Sumano Rodríguez y Luis Alberto Reyes Figueroa encontró inicialmente un dato que podría alimentar la tesis gubernamental.
A nivel nacional, después de la implementación de JCF se registró una reducción estadísticamente significativa tanto en el nivel como en la tendencia de los homicidios dolosos.
El modelo estimó una reducción de aproximadamente 65.9 homicidios en el nivel de la serie y una disminución de 37.9 en la tendencia. Los autores señalan que, después de 2019, la trayectoria nacional pasó de ascendente a ligeramente descendente.
A primera vista, podría parecer una confirmación de la política de “atender las causas”. Pero existe una diferencia fundamental entre que dos fenómenos ocurran después de una intervención y demostrar que uno provocó al otro.
Y es precisamente ahí donde el estudio introduce su principal advertencia. Cuando se baja del país a los estados, la historia cambia. Los investigadores compararon estados con diferentes niveles de participación en JCF.
El caso de Coahuila, comparado con Baja California, resulta particularmente incómodo para la hipótesis inicial.
Después de la implementación del programa, Coahuila presentó un aumento en el nivel de homicidios en comparación con Baja California y también un incremento en la tendencia, aunque los autores señalan que la magnitud era relativamente pequeña y que ambos estados partían de situaciones diferentes.
El caso de Tabasco ofrece una imagen distinta. Comparado con Chiapas, Tabasco registró un aumento inicial en el nivel de homicidios, pero simultáneamente presentó una reducción estadísticamente significativa en la tendencia.
Los autores consideran que este último resultado sí es compatible con la hipótesis de que JCF podría contribuir a disminuir la violencia, aunque advierten que el aumento inicial de homicidios pudo estar asociado con un pico temporal ocurrido alrededor del lanzamiento del programa.
Dos estados, dos comportamientos distintos. Y entonces aparece el tercer elemento, probablemente el más importante del estudio. La prueba de los 32 estados.
Los investigadores realizaron una regresión lineal con información de las 32 entidades federativas. Aquí la hipótesis pierde fuerza.
Los estados que tuvieron un mayor número de beneficiarios de JCF presentaron una ligera reducción en los homicidios dolosos, pero el efecto no fue estadísticamente significativo. Además, el número de beneficiarios no explicó la variación de los homicidios.
La conclusión es relevante porque impide presentar la coincidencia temporal entre JCF y la reducción nacional de homicidios como una prueba de causalidad.
En otras palabras: México redujo sus homicidios después de 2019, pero los datos estatales no permiten afirmar que esa reducción haya sido provocada por Jóvenes Construyendo el Futuro.
El segundo ejercicio de regresión, dedicado a la criminalidad general, tampoco encontró una relación estadísticamente significativa entre el número de beneficiarios y la evolución del delito.
La propia investigación desmonta una posible lectura triunfalista. Esta es quizá la parte más importante para entender el estudio.
Los autores comienzan observando que los homicidios disminuyeron después de la implementación de JCF. Pero, al incorporar controles y analizar las diferencias entre entidades, concluyen que no existe evidencia suficiente para atribuir directamente esa reducción al programa.
La conclusión final es explícita: los resultados no respaldan la hipótesis de que JCF haya contribuido a reducir los homicidios dolosos. La reducción nacional parece estar asociada con factores externos al programa.
Esto no significa que JCF sea un fracaso. Significa algo más preciso: no se ha demostrado que sea una política eficaz para reducir homicidios. Y esa diferencia es fundamental.
Donde sí existe evidencia favorable
El programa tiene otra dimensión que sí cuenta con resultados positivos.
La propia investigación recoge evaluaciones según las cuales JCF ha mejorado el acceso al empleo y a servicios de salud.
Asimismo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos reportó que casi la mitad de los beneficiarios conseguía empleo al terminar y que los participantes tenían aproximadamente el doble de probabilidades de encontrar trabajo que quienes no habían participado.
La STPS también ha difundido una evaluación basada en la ENIGH 2020 según la cual los egresados de JCF tenían una probabilidad de encontrar empleo de 46.2%, frente a 23.6% entre jóvenes comparables que no participaron; la evaluación estimó además un incremento de 26.7% en la probabilidad de encontrar trabajo atribuible al programa bajo su metodología.
Por tanto, hay que separar dos preguntas: ¿JCF puede mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes? La evidencia disponible ofrece argumentos favorables. ¿JCF reduce homicidios y violencia criminal?
La investigación analizada no permite sostener esa afirmación. El problema de confundir empleo con prevención del crimen.
El estudio recoge diversas perspectivas criminológicas que relacionan desempleo, exclusión, falta de oportunidades y violencia.
La llamada teoría de la tensión, por ejemplo, sostiene que la imposibilidad de alcanzar objetivos socialmente valorados mediante medios legítimos puede generar condiciones que favorezcan conductas delictivas. Otro enfoque plantea que cuando aumenta el costo de oportunidad de delinquir, puede disminuir la probabilidad de hacerlo.
Pero una teoría plausible no constituye automáticamente una evidencia empírica. El crimen organizado mexicano tiene características que hacen particularmente difícil establecer esa relación.
En algunas regiones, la violencia está vinculada con disputas territoriales, mercados ilícitos, tráfico de drogas, extorsión, control de economías locales y enfrentamientos entre organizaciones criminales.
En ese contexto, ofrecer una beca de capacitación puede ser importante para un joven, pero no necesariamente neutraliza las estructuras criminales que operan en su territorio.
El propio estudio recuerda que en México el reclutamiento juvenil por organizaciones criminales constituye un problema especialmente relevante y que este contexto no aparece de la misma manera en las experiencias internacionales de empleo juvenil subsidiado que sirvieron como referencia.
Aquí aparece una de las críticas más interesantes planteadas por los propios investigadores. La violencia urbana mexicana suele concentrarse en grupos relativamente pequeños de jóvenes que participan en conflictos entre grupos rivales.
Es decir, la población que recibe una beca no necesariamente coincide con la población que concentra el mayor riesgo de convertirse en víctima o perpetrador de violencia.
El programa tiene una cobertura amplia; el crimen, en cambio, presenta una concentración territorial y social mucho más específica.
Los autores plantean que una versión modificada del programa podría focalizarse en jóvenes de mayor riesgo e incorporar herramientas de terapia cognitivo-conductual y mecanismos específicos para prevenir el reclutamiento por organizaciones criminales.
La observación abre una discusión de política pública más profunda: ¿debe un programa de prevención de la violencia ser universal o concentrarse en quienes tienen mayor probabilidad de participar en ella?
La evidencia internacional revisada por los autores sugiere que los programas dirigidos a jóvenes particularmente vulnerables pueden obtener mejores resultados en materia de violencia.
La investigación registra denuncias de centros de trabajo que cobraban dinero a beneficiarios para permitirles capacitarse, así como casos de jóvenes que recibían la beca sin acudir al centro de trabajo. Las autoridades atribuyeron estos episodios a casos de corrupción aislados.
También se documentaron críticas relacionadas con una presunta distribución desigual de beneficiarios entre estados gobernados por Morena y entidades gobernadas por la oposición.
Organizaciones de la sociedad civil han señalado limitaciones relacionadas con el rezago educativo, la calidad de la experiencia laboral y la falta de mecanismos suficientes para jóvenes que tienen responsabilidades de cuidado.
Un análisis difundido por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM retomó críticas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sobre la dificultad de verificar plenamente los datos del padrón de beneficiarios.
Incluso se han documentado mecanismos de fraude en los que algunos centros de trabajo presuntamente exigían a los beneficiarios entregar una parte de su beca a cambio de mantenerlos registrados.
Estas denuncias no permiten afirmar que el programa en su conjunto sea fraudulento. Sí muestran, sin embargo, que la existencia de controles y supervisión constituye una parte fundamental de la evaluación de cualquier programa que distribuye recursos públicos a millones de personas.
JCF se convirtió también en uno de los símbolos de la política social de la llamada Cuarta Transformación. La administración de López Obrador lo presentó como una alternativa frente a la estrategia basada exclusivamente en el combate coercitivo al crimen. La idea era atacar las condiciones sociales que podían alimentar la violencia.
La administración de Claudia Sheinbaum ha mantenido esa concepción. En 2025, la Presidencia vinculó explícitamente la atención a las causas —incluido JCF— con la estrategia nacional de seguridad y con la reducción de homicidios que el gobierno atribuyó a la actuación integral de su Gabinete de Seguridad.
Pero existe una diferencia entre la narrativa de política pública y la demostración estadística de un efecto causal.
El estudio de Frontera Norte resulta valioso precisamente porque permite mantener separadas ambas cosas.
Un programa laboral no necesariamente es un programa antisicario. La principal enseñanza de la investigación quizá esté aquí.
JCF puede cumplir una función social importante aun cuando no reduzca directamente los homicidios. Dar capacitación, ingresos, acceso a servicios médicos y una primera experiencia laboral a un joven puede mejorar sus posibilidades de inserción económica. La propia evidencia oficial apunta en esa dirección.
Pero transformar ese resultado laboral en una afirmación de que el programa está reduciendo la violencia requiere demostrar una cadena causal mucho más exigente: beca → capacitación → empleo → alejamiento del crimen → menor reclutamiento → menos violencia → menos homicidios.Cada eslabón debe demostrarse.
El estudio no encuentra esa cadena completa. Lo que sí permite afirmar, después de analizar la evidencia, son cinco conclusiones.
Primera: JCF coincidió temporalmente con una reducción en el nivel y la tendencia de los homicidios a escala nacional.
Segunda: esa coincidencia no demuestra que el programa haya provocado la reducción.
Tercera: los análisis estatales ofrecen resultados contradictorios: Tabasco presenta elementos compatibles con la hipótesis, mientras que Coahuila no la confirma.
Cuarta: la regresión sobre las 32 entidades no encontró una relación estadísticamente significativa entre el número de beneficiarios y la disminución de homicidios.
Quinta: todo ello no implica que el programa deba desaparecer. Puede proporcionar beneficios laborales y sociales aunque no exista evidencia concluyente de un efecto sobre los homicidios.
La pregunta que queda abierta: El verdadero desafío para el Estado mexicano no es demostrar que una política social coincide con una disminución de homicidios. Es demostrar qué mecanismo produce la disminución.
