Sindicato Nacional Alimenticio, el saqueo que clama justicia

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En el mundo sindical mexicano hay casos que se vuelven emblemáticos por su descaro. El del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) es uno de ellos. 

Alejandro Martínez Araiza, secretario general desde 2019, junto con su Comité Ejecutivo Nacional, ha dilapidado —según los propios trabajadores— 600 millones de pesos provenientes de las cuotas sindicales. 

La cifra no es menor: equivale al patrimonio de 17 mil trabajadores que hoy exigen al gobierno de Claudia Sheinbaum, y específicamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que intervenga la administración sindical y sancione el saqueo.

Los trabajadores no piden un favor: exigen rendición de cuentas. Desde 2019, Martínez Araiza se ha negado sistemáticamente a informar sobre el uso de los recursos, incluso ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

La Comisión de Honor y Justicia del SNAC, presidida por Jorge Alberto Chávez Zárate, con Janet Bolaños García y Luis Humberto Rodríguez Martínez como vocales, lejos de investigar, muestra una actitud cómplice. Mientras tanto, una cuarentena de personas cercanas al líder se beneficia del desfalco.

Pero el robo de las cuotas no es el único delito. La venta del edificio sede en la colonia Guerrero por 11 millones de pesos —realizada por Antonio Martínez Armenta, padre del dirigente— y la posterior compra de otro inmueble en Nueva Santa María entre 3 y 4 millones, dejó un remanente de 7 u 8 millones que quedó en manos del progenitor, quien además cobraba 100 mil pesos mensuales de renta al SNAC. 

Luego, con dinero del sindicato, adquirió una casa en la calle de Yuca. A esto se suma una plataforma digital de productos y servicios que, según los denunciantes, genera 51 millones de dólares anuales para Alejandro. 

Todo apunta a un entramado de lavado de dinero que el SAT debe cruzar con bases de datos fiscales y patrimoniales.

El Congreso del Trabajo ya calificó este caso como el más emblemático de corrupción sindical en el país. Urge que el gobierno federal actúe con rigor. 

No se trata solo de recuperar 600 millones de pesos; se trata de enviar un mensaje: los sindicatos no son feudos de impunidad. El SAT tiene la oportunidad de demostrar que la justicia fiscal también alcanza a los pseudolíderes. 

Los trabajadores del SNAC no piden caridad: piden que se investigue en los bolsillos de Martínez Araiza y sus incondicionales. ¿Hasta cuándo?

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