Monterrey, N.L.-
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra el Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria, César Daniel Ramírez Acevedo, y quien resulte responsable, por el probable delito de abuso de autoridad, luego de que se les negó el acceso al Penal Femenil para corroborar un brote de tuberculosis.
La acción legal, promovida a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos del organismo, deriva de los hechos registrados el pasado 7 de agosto, cuando personal de la Comisión acudió al Centro de Reinserción Social Femenil para dar seguimiento al caso de una mujer privada de la libertad que dio positivo a tuberculosis; sin embargo, autoridades penitenciarias les impidieron el ingreso sin fundamentar ni motivar la negativa.
Al respecto, la presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano, subrayó que la Ley Nacional de Ejecución Penal garantiza a los organismos públicos el acceso irrestricto a los centros de reclusión, y advirtió sobre el riesgo sanitario que implica obstaculizar estas supervisiones, incluyendo a centros como el de los Ceresos.
“No solamente el personal de seguridad y custodia, ni el personal administrativo de los Ceresos está en riesgo. También están en riesgo las familias de las personas que acuden a visita y las personas privadas de la libertad. Esto se tiene que investigar. No se puede prohibir a un defensor el ingreso”, manifestó Méndez Arellano.

Riesgos sanitarios y cifras de contagios advertidos por la CEDHNL
La titular del organismo enfatizó que, aunque las personas se encuentran privadas de la libertad, el Estado mantiene obligaciones reforzadas para garantizarles el resto de sus derechos, entre ellos la salud, advirtiendo que la falta de atención puede escalar a un problema de salud pública.
En este contexto, dijo que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, hasta agosto de 2026 se contabilizaban en los centros penitenciarios del estado 34 personas privadas de la libertad con tuberculosis, 66 personas con VIH, 36 con hepatitis y 24 con sífilis.
A este panorama se suma un incremento del 11.27 % en la población penitenciaria registrado entre 2024 y 2025, según el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria de la propia CEDHNL. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha alertado que la incidencia de tuberculosis en las prisiones de las Américas es hasta 50 veces mayor que en la población general, y que interrumpir su tratamiento, el cual requiere toma diaria durante cuatro a seis meses, favorece cepas farmacorresistentes.
Recomendaciones rechazadas y solicitud ante la Fiscalía
La CEDHNL recordó que previamente ha documentado fallas graves en los servicios médicos penitenciarios mediante dos recomendaciones que fueron rechazadas por las autoridades:
- Recomendación 12VG/2026: Acreditó el fallecimiento de seis internos con tuberculosis entre 2021 y 2023 debido a diagnósticos tardíos, falta de aislamiento, insuficiencia de personal médico e interrupción de tratamientos.
- Recomendación 17/2026: Señaló el suministro irregular de medicamentos y la falta de continuidad médica tras los traslados entre penales.
Por último, Méndez Arellano solicitó a la Fiscalía una investigación pronta y diligente, así como ser reconocida como parte ofendida para coadyuvar en el proceso, reiterando su respeto al principio de presunción de inocencia de los funcionarios señalados y aseguró que mantendrá sus labores de vigilancia en los centros penitenciarios de la entidad.
Para consultar recomendaciones, diagnósticos penitenciarios y comunicados oficiales del organismo, se puede ingresar al portal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (https://www.cedhnl.org.mx/).


