Todavía hasta los años noventa era impensado proponer la ampliación de los periodos de los alcaldes y diputados en el Congreso federal y local, sin embargo, ya se escuchaban voces que indicaban que tres años resultaban insuficientes para lograr objetivos a mediano y largo plazo en los municipios y en las legislaturas.
Esos argumentos, que en los noventa sí eran justificados, porque no había hechos que trastocaran la realidad cotidiana, hoy son realmente cuestionables.
Primero porque dadas las condiciones de inseguridad, que todas las autoridades afirman serán pasajeras (y los ciudadanos tienen la esperanza de que así sea), han obligado a no pocas autoridades a cumplir con su responsabilidad desde “lejitos”, y lejitos, incluye radicar en el extranjero.
Otro aspecto a considerar es la parálisis en que se encuentran la mayoría de los 43 municipios en Tamaulipas, porque no hay inversión ni nacional ni extranjera que mueva le economía.
Así no hay forma de hacer planes cuatrianuales que lleven a desarrollar las ciudades de la entidad.
Y en cuanto a los legisladores, habría que analizar más detenidamente la pertinencia de una reforma a la ley que los lleve a estar en el cargo cuatro años.
Si con ello se quiere adecuarla a los lineamientos nacionales, este planteamiento tendría que revisarse, porque hasta ahora no hay cambios en el plano nacional, los diputados federales siguen con periodos de tres años y de seis los senadores y el presidente de la República.
La fundamentación de la reforma para la ampliación de los periodos, a mi modo de ver, está muy endeble.
Ahora también, falta ver qué opinan “los representantes populares”, o sea los diputados, porque ellos son juez y parte en este asunto y les beneficiaría directamente la ampliación del periodo, la beca legislativa les cubriría un año más.
Y a todo esto, qué pensará la ciudadanía de tener que aguantar a un alcalde o a un diputado ineficaz no tres, sino cuatro años.
Propongo que se abra a foros de discusión con la gente, con la población tamaulipeca, esta propuesta.
QUE ONDA CON LAS DONACIONES
225 diputados, contra 220, instaron ya a Enrique Peña Nieto a que clarifique el origen de las seis donaciones de bienes inmuebles que recibió en los últimos años, porque no especifica, ni el valor, ni la ubicación de los mismos, uno de los cuales mide más de 50 mil metros cuadrados.
Otros datos importantes que el primer mandatario mexicano no ha especificado en el documento es lo que obtiene de ingresos, aparte de su sueldo como presidente, el que está calculado en 193 mil 478 pesos.
Peña Nieto tampoco ha definido en el documento presentado con bombo y platillo hace algunas semanas, el monto de sus adeudos y sus ahorros, si es que los tiene.
“Estas declaraciones patrimoniales, que deberían ser una especie de árbol genealógico de como ha ido evolucionando el patrimonio del servidor público, son un ejercicio de simulación”, denuncia el diputado del PRD Carlos Reyes Gámiz, secretario de la Comisión de Transparencia. “No conozco un caso relevante en el que, por declaración patrimonial, se haya actuado contra un servidor publico”, indica una nota del periódico español El País.
Y aunque ya la presidencia de la República dijo que sólo esa información dará a conocer Peña Nieto, ya surgieron las críticas, especialmente de académicos, como Mauricio Merino, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, quien calificó como “un error político”, del presidente al presentar una declaración parcial.
La suspicacia de los diputados respecto a este tema, está fundamentada, señala el propio periódico que retomó la nota, porque las donaciones se prestan a pensar en otras cosas, dado que Peña Nieto, de acuerdo a su declaración no ha desempeñado ningún otro puesto, más que cargos políticos en su carrera.
Entonces, las donaciones son de familia o qué, en pocas palabras, ¿qué onda con las donaciones?
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