México, D.F.-
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, presentará esta semana una denuncia penal contra 21 ex funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), entre ellos el ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, implicados en el caso de la francesa Florence Cassez, por ser presuntos responsables de los delitos contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.
Entre los probables responsables señaló, además, al entonces director general de Investigación Policial, Luis Cárdenas Palomino; al ex titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro, Israel Zaragoza Rico, y al ex director de Operaciones Especiales, Javier Garza.
También están acusados cinco agentes y 10 elementos de la AFI —que se dividieron en dos células al momento de detener a Cassez— y dos agentes del Ministerio Público de la Federación (MP).
En la conferencia donde se hizo público el informe, Plascencia no mencionó a los funcionarios por sus nombres, puesto que la ley de la CNDH le mandata proteger su identidad. Pero cuando se le cuestionó sobre la responsabilidad directa de García Luna, dijo que le corresponderá al MP determinar su grado de participación.
El informe especial de la CNDH sobre las irregularidades cometidas por los servidores públicos de la PGR en el caso Cassez, indica que dichas fallas se cometieron durante el operativo donde se detuvo a la presunta cómplice de una banda dedicada al secuestro —el 9 de diciembre de 2005— y posteriormente durante la actuación de los agentes del MP, al no cumplir con el debido proceso. De esa manera, se explica en el informe, se impidió que las víctimas de secuestro accedieran a la justicia y se les reparara el daño.
La investigación de la CNDH para elaborar el informe se centró en las violaciones a los derechos humanos que cometieron los funcionarios de la AFI y la PGR en contra de las víctimas de secuestro, delito del que fue acusada Cassez, y no sobre los derechos que fueron vulnerados a la francesa.
El problema, según la CNDH, es que la actuación irregular de los funcionarios derivó en la liberación de Cassez, lo que a su vez “propició que las víctimas vieran obstaculizado su derecho de acceso efectivo a la justicia y a la adecuada reparación del daño”.
Sobre el montaje que se realizó durante el operativo, Plascencia expresó preocupación, pues “hasta la fecha no se han dado a conocer con precisión los datos y la forma en la que participó cada uno de los servidores públicos involucrados en la escenificación ajena a la realidad”.
Destacó que esas irregularidades pueden ser constitutivas de delito, por lo que esta semana presentará la denuncia penal en la PGR y una queja ante la Visitaduría General, a fin de deslindar responsabilidades. Pidió a la PGR colaborar en el trámite, que tome medidas para reparar el daño a las víctimas, que instrumente programas de educación en derechos humanos para empleados y que ordene medidas cautelares para salvaguardar el derecho de las víctimas “hasta la total detención de los responsables”.
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