A propósito del Pacto

Los nuevos tratadistas de las ciencias políticas, argumentan que las democracias modernas se sustentan en la figura de la representatividad. Es decir, que como no todos podemos asistir a las asambleas a discutir los grandes temas nacionales, acudimos a las urnas a escoger quien lo haga por nosotros.

Las instancias intermedias, entre el ciudadano y las instituciones político-electoral son los partidos políticos.

Entendemos entonces, que un partido político, viene siendo un segmento de la población organizada, que piensa más o menos igual y que busca el poder público, para una vez estar en él, persistir en la idea de conservarlo. O sea, que insistir el ostentar las posiciones gubernamentales, es una condición que acompaña la misión de los partidos.

En la historia de la humanidad, el “ponerse de acuerdo” ha correspondido a ciertos individuos que pertenecen a una causa y/o a uno de los poderes fácticos dentro de un partido político, quienes acuden ante las Cámaras a “defender” tanto, la posición ideológica, como los intereses de sus representados vía la urna electoral.

En la inmensa mayoría de los países, ese pequeñísimo segmento de la población se ha convertido en una élite legal, porque ostentan la representatividad de los votantes de una región determinada y por haber conquistado esa posibilidad al haber obtenido la mayoría de los votos en una contienda electoral. Pero es necesario reconocer que pocos sistemas electorales “obligan” al representante a votar de acuerdo a la vocación ideológica de los representados o sea, que no existe la obligación de rendirle cuentas a nadie.

Ahí surge la crisis del sistema de la representatividad.

Recientemente, las sociedades modernas, han sufrido la masiva participación y embate de organismos no gubernamentales (ONG), que, ante la falta de puentes de comunicación, coherencia e identidad con sus representados, forman grupos que abrazan una causa y organizadamente acuden ante la autoridad civil a plantear la atención y solución a determinado asunto que consideran debiera ser parte de la agenda social del gobierno.

Pues bien, el surgimiento de este tipo de grupos organizados, que además lo manifiestan públicamente, han dejado muy en claro la cada vez más aclarada inoperancia del sistema actual de representatividad.

Pero lo que más destaca, inquieta y nos debe convocar a la reflexión, es que ahora la misma autoridad legalmente constituida, llámese gobierno federal, sea quien haya acudido a una instancia ajena a las mismas Cámaras, a convocar a las fuerzas políticas divergentes al gobierno, a constituir un “Pacto por México”, con el ánimo de dialogar y llegar a los tan anhelados acuerdos, ya no entre pares, para construir una patria mejor.

Las verdaderas intenciones, si es que las hay, se diluyen cuando se suman segmentos que ya han demostrado su alianza con el gobierno actual al paso de los años. Entonces valdría la pena preguntarnos, ¿Qué necesidad hay que se gasten tantos recursos en sostener las Cámaras que son el lugar idóneo para que se ventilen los asuntos de interés nacional?

La intención de formar un Pacto por México, tiene la mejor de las intensiones, es bien visto y ha sido bien acogido, pero demerita la funcionalidad, eficacia y verdadera operatividad del Poder Legislativo.

Quizás por esa razón, el líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, declaró que “los acuerdos a que se lleguen en el Pacto, después deben pasar por las Cámaras para que tengan validez.”

La necesidad de que los actores políticos nacionales y las instituciones que representan se sumen a la convocatoria del gobierno federal, pudiera mantener a la misma autoridad como rehén de los mismos. Porque habiendo una institución legalmente elaborada para esos fines, surge la interrogante: ¿Qué necesidad existe de estar a merced de las oposiciones, cuando ya está la entidad donde se deben ventilar las cuestiones nacionales?

Dicen que: “el camino al infierno está lleno de buenas intenciones”, y ojalá el tan requerido, mencionado y ya afamado “Pacto por México”, no se constituya en el arma política de quienes están en constante oposición a toda acción que ejecuta el gobierno federal.

Si queremos ver con buenos ojos esta acción de la administración de Enrique Peña Nieto, nos debe llevar al siguiente axioma: La resultante final del Pacto, es y debe ser, lograr el consenso para que las reformas estructurales que el país necesita, se saquen adelante en concordancia y armonía con todos los segmentos políticos y sociales, con peso especifico, de la población.

Y más allá, lo importante y relevante, es “blindar” al Pacto de cualquier interés personal, tanto individual como de grupo y que los acuerdos que se logren, sean para beneficio de la mayoría de los mexicanos.

Pero por ejemplo, lo más grave sería que la aprobación de la nueva ley energética, que permitiría que la inversión extranjera participe en Pemex, se de en las Cámaras y no en el seno del Pacto, porque entonces bien cabría volver a preguntarnos: ¿Qué necesidad existe de promover organismos para sacar asuntos torales, que bien pueden y deben estar en la cancha de las Cámaras?

A propósito del Pacto, se insiste:

¿Cómo y qué hará el gobierno de Peña Nieto, si el PRD no está de acuerdo con el aumento del IVA en Medicinas y Alimentos o en el gravoso asunto del petróleo?

Ahí está el detalle.