Naciones Unidas en su informe regional de Desarrollo Humano 2013-2014 hace un recorrido por las condiciones de inseguridad que prevalecen en Latinoamérica y El Caribe, donde queda de manifiesto el problema tan grave que se enfrenta en muchos países de esta región, entre ellos el nuestro.
El informe firmado por Heraldo Muñoz, subsecretario general de las Naciones Unidas y director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, resalta la importancia del combate a la inseguridad “mediante respuestas diferenciadas que tomen en cuenta su nivel de organización, y los espacios en que estas operan: el hogar, la escuela o el ámbito público”.
Añade que esas políticas contra la inseguridad deben evaluarse periódicamente en “términos de efectividad e impactos, asegurando que éstas no generen mayores niveles de violencia y que funcionen con pleno respeto a los derechos humanos”.
En pocas palabras las Naciones Unidas recomiendan aplicar soluciones específicas según la región, no se puede trasladar un modelo de Chihuahua a Tamaulipas, como lo hace actualmente la federación, simplemente porque son Estados distintos con dinámicas diferentes en lo que se refiere al comportamiento de los grupos delincuenciales.
Una de las razones por las que el combate a la inseguridad y la violencia no ha rendido los resultados esperados, a pesar de todo el dinero que se ha destinado a disminuir los índices delictivos, es que las acciones desarrolladas por los cuerpos de seguridad son iguales en todos los puntos del país.
No hay diferenciación en el manejo de territorio, por ejemplo, no se puede disminuir de la misma forma el delito en una zona urbana, como una rural.
Sin embargo, para quienes recorremos Tamaulipas observamos la misma estrategia tanto en la zonas pobladas, como en el campo.
Patrullajes, mucho desplante, alharaca, exhibición de armas y equipo y a la mera hora, cuando se requiere la presencia de las fuerzas de seguridad, éstas brillan por su ausencia.
Tal es el caso de lo que sucedió recientemente en Matamoros, la Marina alertó a Leticia Salazar, la alcaldesa, de que grupos armados se acercaban a esa frontera.
Y en lugar de actuar, se limitaron sólo a anunciar su llegada. Me pregunto, entonces, ¿para qué están los militares, marinos y policías?
“Los avances en materia de seguridad ciudadana no resultan de una sola política aislada,
sino de un enfoque multisectorial y de una serie de políticas que incluyan medidas de prevención, reformas institucionales, inversión pública suficiente, cambios en la relación entre Estado y comunidades, voluntad política amplia y sostenida, y la adopción de sistemas de información y de intervención más modernos y eficaces”.
Detalla la ONU para que lo tomen en cuenta los gobiernos de los tres niveles en México.
El objetivo, indica, “es lograr una seguridad ciudadana con rostro humano”.
El informe realizado en toda América Latina y el Caribe da cuenta por ejemplo, de una encuesta realizada en las cárceles, donde se constata que uno de cada tres internos abandonó el hogar familiar antes de los 15 años y el 80 por ciento de los encuestados no completó 12 años de escolaridad.
Las cifras recabadas detallan que uno de cada tres latinoamericanos ha sido víctima de un delito con violencia en el 2012.
Entre un 45 y 65 por ciento ha dejado de salir por las noches debido a la inseguridad. Esta realidad no tienen que platicárnosla a los tamaulipecos, todos los días la vivimos.
El informe también alude a cómo la desigualdad se va ensanchando; en México, por ejemplo, las familias adineradas contratan vigilancia privada para su seguridad, “hoy en día hay 50 por ciento más de vigilantes privados que agentes de policía”.
Se reitera, el combate a la inseguridad no tendrá efectos positivos, mientras se criminalice a toda la población y en tanto no se destinen mayores recursos a la educación y a la creación de empleos bien remunerados.
Correo electrónico: derrotero@hotmail.com
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