Leyó usted el documento firmado por los dirigentes de los partidos PAN, PRI y PRD donde, entre otras cosas, aseguran que todos los gobiernos están sometidos a la fiscalización ciudadana y que ellos, los partidos, se empeñarán en que “todos rindan cuentas del deber que tienen de custodiar la integridad y el patrimonio de los ciudadanos”.
Ése es el cuarto párrafo de la declaración conjunta de los dirigentes de esos tres partidos políticos a propósito de los hechos ocurridos en Morelia, Michoacán en la ceremonia de El Grito la semana pasada.
Interesante ¿no? Porque lo que vemos día a día es todo lo contrario, hasta ahora no hemos observado ningún compromiso serio de algún partido por lograr que el manejo de los recursos públicos se dé con honestidad.
Los intentos siempre se quedan en la denuncia mediática, nada que se refleje en un resultado verificable.
Y esa comunión que expresan los tres institutos en el comunicado dista mucho de ser verdad, los ciudadanos sabemos del desprestigio que rodea a los partidos y a los políticos de este país que, cobijados en sus intereses particulares, no son entes socialmente responsables.
La forma como se unen cuando les conviene y la manera como se atacan en la primera oportunidad nos indica que esas declaraciones conjuntas sólo responden a la situación momentánea, porque de ser cierto que ellos privilegian el bienestar del país, a sus intereses, simplemente no hubiera ocurrido ese ataque terrorista.
En el texto también mencionan “necesitamos una fuerza de Estado que distinga lo circunstancial de lo estructural”.
Con ello se refieren a los que hemos señalado de que las acciones gubernamentales, de los tres niveles de gobierno, sin importar partido político, que responden a modas, a reacciones ante situaciones consumadas porque no existe un plan de seguridad en el país, ni tampoco un plan económico, ni social.
En México se ha caído en la improvisación, en dejar de hacer, en dejar pasar las cosas.
Por ello, cuando leemos este tipo de comunicados políticos donde hacen alarde de que “la cultura de la legalidad se extienda sin privilegios en todo el país”, sólo nos confirma que en México habemos mexicanos de primera y de segunda.
No es difícil darse cuenta de ello, sólo vaya al hospital General Norberto Treviño en Ciudad Victoria, ahí verá muy claramente lo que significa ser ciudadano de primera o de segunda.
La gente pobre está hacinada en el área de urgencias, familiares acostados en el suelo esperando a que atiendan a sus enfermos, mientras que en el tercer piso encontrará a quienes cuentan con recursos económicos y relaciones para tener un sitio cómodo para sus pacientes y sus familias.
La cultura de la legalidad también incluye dotar de las condiciones de salud necesarias a todos los ciudadanos, sin distingos.
Por eso resulta condenable que ahora los dirigentes del PAN, PRI y PRD, salgan con discursitos que sólo nos confirman que sólo buscan llevar agua a su molino y en estas circunstancias de duelo nacional por lo de Morelia, resulta indignante y vergonzoso que quieran aprovecharse de la situación.
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