En marzo, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, hubo suspensión de actividades. En ambos casos fue por la aparición de casos confirmados por Covid 19 en legisladores o empleados del Congreso de la Unión. No se trató de brotes generalizados sino de la confirmación de algunos casos. Frente a esto, las cámaras tomaron la decisión de dar tiempo para desinfectar espacios y hacer las pruebas necesarias para descartar o confirmar otros casos. En la Cámara de Senadores sólo se mantuvieron las sesiones del pleno, las reuniones de comisiones, las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios, y bajo medidas preventivas. En la Cámara de Diputados se convocó a los legisladores para trabajar a distancia.
En ambas cámaras, la información sobre los contagios fue comunicada de inmediato a las directivas. En base a esa información, a los riesgos y recomendaciones, fue en las cámaras donde se tomaron las decisiones para resguardar la salud de los cuerpos legislativos y del personal del Congreso de la Unión. La razón de que actuaran de esta manera es bastante simple. El Poder Legislativo es un ente autónomo y, además, una actividad esencial. Lo primero está descrito en las leyes. Lo segundo en un reciente decreto sancionado por el propio Congreso.
La intromisión del Gobierno de Nuevo León, usando como instrumento a la Secretaría de Salud, es una violación flagrante a la autonomía legislativa y a la separación de poderes (Artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Nuevo León: “Ninguna autoridad podrá ejercer mandamiento judicial o administrativo sobre los bienes asignados al Congreso.”). Así se hubiera desatado el Apocalipsis zombi en el recinto, la decisión de suspender actividades sólo puede ser tomada por el propio Congreso. En la Secretaría de Salud aseguran que no se clausuró el recinto legislativo sino sólo fue un cierre temporal. Sí, pero en varios medios de comunicación se difundió una vergonzosa imagen de diputados tocando inútilmente la puerta en tanto que personas dentro del recinto les negaban el acceso (sepa Dios de dónde aparecieron si el edificio estaba cerrado y sellado).
El Poder Ejecutivo no tiene injerencia. Tan es así, que para que un gobernador ingrese al pleno, tiene qué pedir permiso al Congreso. Hasta donde yo sé, incluso ningún cuerpo de seguridad pública tiene autoridad dentro del recinto legislativo; al contrario, pasa a quedar bajo la autoridad de la directiva del Congreso si se solicita.
Con este antecedente legal, la ausencia de varios diputados de la Comisión Anticorrupción, este jueves, no fue para respetar una recomendación de la Secretaría de Salud porque no es su superior jerárquico. Sin una indicación al respecto emitida por el propio Congreso, los diputados ausentes debieron presentarse, así fuera por mero protocolo. Al no reportarse a, por lo menos intentar cumplir con su función y tocar inútilmente la puerta, sólo demostraron que estaban subordinados a las órdenes del Poder Ejecutivo y además están avalando la intromisión del Gobernador del Estado en la autonomía del parlamento del pueblo, soberano este sí sobre los tres poderes.
Seguramente nos esperan días de jerigonzas legalistas emitidas por todos los involucrados. Me parece poco probable que los diputados, o a menos muchos de ellos, no se hubieran enterado antes o en el acto sobre los sellos de la clausura “de facto” del recinto. El variado tono de indignación de los diferentes diputados será una escenografía perfecta para seguir garantizando la impunidad de los funcionarios en capilla. Un espectáculo a la vieja usanza, un circo de varias pistas que finalmente va a ocultar lo más importante, que no es la sanción a Jaime Rodríguez o a Manuel Flores, sino la existencia de un cacicazgo incompatible con la idea de una democracia y además la complicidad de, por ahora, dos de los poderes del estado en ese cacicazgo.
No dudo de la preocupación legítima del doctor De la O por la salud de los legisladores, después de todo es médico; pero el procedimiento administrativo en este caso ilustra que le preocupa más la sanción a sus compadres Jaime y Manuel. No creo, la verdad, que puedan invocarse contra el Congreso las fracciones VII y IX del Artículo 119 de la Ley Estatal de Salud (suspender actividades y desalojar edificios). Más grave todavía si se dejó personal ajeno al Congreso para resguardar las instalaciones e impedir la entrada a los diputados. Ahora creo que el doctor tendrá una preocupación más. Porque a pesar de su papel (muy relativo) en el combate contra el Covid 19, sus supuestas aspiraciones políticas quedarán mucho más supuestas por este asunto. Ya no son dos sino tres los funcionarios estatales que podrían y deberían enfrentar sanciones por sus actos. Pero dicen que el hilo se rompe por lo más delgado y aquí sucede que Jaime y Manuel son políticos… y el doctor De la O después de todo sólo es médico. Y me temo que en política no hay lealtades.
