Cocktail de violencia

En un lapso de tres días el país fue testigo de tres grandes concentraciones que tuvieron su epicentro en el Distrito Federal y sus respectivas réplicas en algunas de las principales capitales.
La marcha del sábado fue para protestar por la inseguridad, la concentración del domingo para impedir que se privatice Pemex y las movilizaciones del lunes para exigir una justa distribución de la riqueza.
A su vez, maestros del SNTE suspendieron clases y bloquearon dependencias inconformes con las reformas del gobierno federal particularmente por la alianza firmada entre Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo.
Los motivos que encienden la marcha “Iluminemos México” son miedo, rabia, impotencia y hastío. Reedita la de aquel lejano 2004 del “Ya Basta” en que el gobierno ofreció promesas pero cumplió más delincuencia.
Dos imágenes que se repiten en todos los rincones del territorio nacional resumen el repudio ciudadano: narco ejecuciones y secuestros. Decapitados entre narcos, asesinatos de las víctimas en muchos de los plagios. Pero el secuestro y asesinato del adolescente Fernando Martí, es la gota de sangre que derrama el vaso del hartazgo.
El domingo en el Movimiento a la Revolución en la capital y en ocho estados, el llamado de Andrés Manuel López Obrador para impedir la entrega de Pemex a capital privado especialmente extranjero, tuvo respuesta puntual y aunque no fue registrada por los medios, existió.
Sus participantes están convencidos que al vender Pemex se obtendrá el mismo resultado que con privatizaciones anteriores como las de Telmex, CFE, Gas Natural México, y carreteras. Estas ventas del gobierno dejaron saldo de ganancias para los nuevos dueños y de pérdidas para los usuarios cautivos. Defienden la Constitución que preserva a la industria petrolera como bien nacional y la rectoría del Estado. El objetivo es frenar este último despojo que provocará más pobreza.
El lunes organizaciones obreras campesinas y sociales protestaron contra el segundo Informe de Felipe Calderón; contra su política laboral, económica y energética.
Desde el Angel hasta el Zócalo en la capital, efectuaron varias marchas mientras simultáneamente decenas de ellas se movilizaban en todo el país.
Electricistas, telefonistas, mineros, maestros disidentes, campesinos, tranviarios, estudiantes, universitarios, salieron a las calles a denunciar la crisis política, económica y social del gobierno. Los sobrecargos se manifestaban en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, trabajadores hacían cierres en las casetas de carreteras y algunos sindicatos, paros escalonados. 
Las campañas mediáticas gubernamentales dirigidas a inermes y vulnerables ciudadanos, envían un bombardeo diario de spots, pero esta vez no lograron modificar su percepción.
Su realidad se impuso sobre las que le fabrican en la tele y en la radio, que no coincide con la que viven. Así lo reflejan las encuestas de los principales periódicos. La opinión pública calificó a la baja a Felipe Calderón. Es su forma de señalarle que no ha resuelto ni la inseguridad ni el encarecimiento.
Para la mayoría de la población su reclamo más sentido es el aumento de la pobreza. La mía de en la incontrolable carestía. Los sueldos no alcanzan a los precios. Aunque también le afecta la inseguridad, porque nadie que viva en este país puede estar ajeno, antes le afecta el hambre.
Para el segmento de la clase media y alta que no enfrenta problemas económicos, su reproche expresado el sábado, es sobre la creciente inseguridad. Del miedo a ser asaltados pasaron a la psicosis de resultar secuestrados y asesinados.
Las concentraciones tuvieron organizadores, participantes y agendas distintas pero comparten varios vasos comunicantes entre sí, de los que nada se dice. El común denominador de todas las protestas es el gobierno de Calderón que no ha querido o no ha podido resolver las demandas de la población. Algo está claro en medio de la confusión: el gobierno está en falta. No hay empleos y hay más violencia.
Los países que gozan más seguridad no son los que tienen más policías ni más equipo. Tampoco los que contemplan en sus leyes cadena perpetua o pena de muerte. Sino aquellos que ofrecen a sus habitantes un estado de bienestar. Son naciones donde la mayoría es clase media o clase media alta. No existen los servicios de salud privada; son públicos, de primera calidad y a los que todos tienen acceso.
En Noruega la misma atención médica recibe el noruego más rico o el ciudadano más común. Para el Estado, tienen la misma importancia. Los dos se tienen que formar en la fila.
En Canadá a los padres de familia no les angustia pagar la educación de sus hijos, pues se las proporciona el Estado. Si un canadiense no acude a la universidad es porque no quiere. Su lugar y su derecho están garantizados.
Un poco en broma los franceses cuentan que sus empresarios no quieren pasar de ricos a muy ricos, porque a mayores ganancias más impuestos. En México le hacemos al revés. Los pobres pagan IVA, las clases baja y media, el 30 por ciento de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y los grandes empresarios apenas “contribuyen” con entre el dos y cuatro por ciento de sus utilidades.
El gobierno no es parejo. Los únicos que deberían quedar exentos de pagar impuestos son los que menos tienen. No tiene sentido que se obligue a la clase media a pagar más impuestos, mientras se exenta a las grandes fortunas.
A diferencia de México, los países cuya mayoría de la población es clase media porque desarrollaron ese estado de bienestar para todos, aquí sólo está destinado a un pequeño sector.
El índice de Desarrollo Humano de la ONU destaca a cinco países: Islandia, Noruega, Australia, Canadá e Irlanda, dos de estos, escandinavos. El indicador compara esperanza de vida, alfabetismo, educación y niveles de vida en el mundo. Mide calidad de vida, especialmente protección de la infancia. También, impacto de políticas económicas sobre calidad de vida. México ocupa el lugar 52, después de Cuba.
A los turistas extranjeros que visitan México les sorprende su paisaje de contrastes económicos y sociales, tan opuesto a sociedades igualitarias.
Aquí, garantizar derechos ciudadanos es populismo.
La fisonomía de las ciudades mexicanas está conformada de exclusivas colonias con inmensas mansiones a unos pasos de humildes tejabanes.
La enorme distancia entre ricos y pobres, característica de países subdesarrollados o en vías de desarrollo como el nuestro, es ahondada por el gobierno. Lo demuestran sus políticas públicas que promueven una brecha insalvable y peligrosa. La vía más rápida para alentar una lucha de clases es discriminar.
Las respuestas gubernamentales son tan inútiles; acuerdos nacionales por la seguridad, justicia y legalidad, pactos anticrimen que reúnen a la crema y nata de la impunidad: Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps, Juan Camilo Mouriño,Mario Marín, Ulises Ruiz, Eugenio Hernández, Natividad González Parás, Emilio González, Eduardo Bours, Ivonne Ortega, Zeferino Torreblanca, José Reyes Baeza, Jesús Aguilar, son algunos.
¿Alguien confía en buenos resultados con las credenciales de tales firmantes? ¿Acaso la mujer que construyó el fracaso de la educación fue exiliada? ¿Alguno de los gobernadores tiene libre de narcoviolencia o de secuestros a sus estados?
La voz de Alejandro Martí quebrada por el dolor al demandar a las autoridades que si no puede renuncien, mueve momentáneamente a las autoridades pero ¿La solución para que no haya otros Fernandos Martí es crear un instituto que prevenga la delincuencia?
Suena equiparable a las comisiones de la verdad surgidas para no hacer nada. El gobierno quiere atacar los efectos de la violencia, no sus causas. Lo más que ha reconocido es que la impunidad tiene su parte en la actual situación. No parece saber que la inseguridad se anida en la pobreza y en el hambre.
La miseria no justifica la delincuencia, pero la explica. Cada empleo que no es creado a tiempo, incuba la posibilidad de un nuevo delincuente.

marthazamarripa@yahoo.com.mx