Cuando el PRI de Tamaulipas debía estar preparando el arranque de campaña de su candidato presidencial –que por cierto no lleva mucha ventaja ante su rival del PAN–, a un inteligente se le ocurrió iniciar una persecución contra nuestra revista Conexión, utilizando al Instituto Federal Electoral.
La historia empezó cuando a alguien dentro del PRI le calentaron la cabeza para que el representante ante la junta distrital del IFE en Matamoros, Rogelio Hidalgo, pusiera en el paredón al candidato albiazul a diputado federal, Carlos García González, y de paso a Conexión, por supuestamente violar la veda electoral.
Cuando el PRI de Matamoros suponía una complicidad entre el aspirante panista y el medio impreso, por cierto, de la familia de Hora Cero, ésta última publicación sacó a la luz pública su primera encuesta donde García González está abajo 21 puntos de su contrincante del PRI, Yanin García.
De esta forma la calenturienta sospecha de los priistas de que nuestra empresa estaba favoreciendo –a través de Conexión al candidato del PAN–, quedó en eso, porque las preferencias electorales retratadas por Hora Cero dan al PRI una ventaja a la Presidencia, al Senado y en siete de los ocho distritos federales.
Pero la denuncia del PRI ante el IFE de Matamoros ya no tenía marcha atrás y ahora faltaba amarrar bien el paquete, con la complicidad de quienes deberían ser los árbitros imparciales de las elecciones del primero de julio
Fue lamentable que, pese a todas las pruebas presentadas por Conexión de que los panorámicos y la publicidad móvil donde aparece García González como agente aduanal fue pagada por nosotros, no convenciera al presidente de la junta y a la mayoría de los consejeros del IFE que deberían ser imparciales.
Pero de imparciales no tienen nada: Delia Arellano, reportera, fue vocera de Jaime Seguey, candidato del PRI a diputado local en pasadas elecciones; Armandina Escamilla Cisneros cobra como empleada en el ayuntamiento, por cierto, en manos del PRI, y Alejandro Villafañez Zamudio es proveedor de la presidencia municipal.
Con esos antecedentes era de esperarse que los consejeros del IFE votarían a favor de aplicar sanciones al candidato del PAN y a Conexión, por un monto que supera los 320 mil pesos. Pena apelable en segunda instancia.
En serio que es una lástima que en manos de esa gente estará la calificación de las elecciones en Matamoros. Y peor aún, que los medios de comunicación vayan a ser perseguidos por personas que reaccionan a la primera calentura.
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