Aunque la administración de los tiempos de partidos políticos en los medios de comunicación está regulada en la Constitución y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) a través del Instituto Federal Electoral (IFE), durante el último fin de semana de enero e inicios de febrero, Televisa, Azteca, Cablevisión y Sky decidieron interrumpir su señal habitual, para transmitir hasta durante más de 6 minutos spots electorales en forma simultánea. La publicidad electoral en el arranque de las precampañas para las elecciones de julio, irrumpió durante los partidos de futbol, películas y barra de caricaturas a la misma hora lo que comprobó que ambos consorcios estaban de acuerdo, en abierto desafío no sólo al IFE sino a la ley.
Las reacciones han sido muchas, aunque la del IFE destaca por su tibieza, refrendando que está pintado pues las televisoras le pasaron tranquilamente por encima y además le hicieron saber que no responderían a su exigencia de una “explicación” para la que el organismo puso un plazo perentorio de 24 horas que vencía el martes 3 de febrero al medio día, al que nadie contestó, y en donde debieron responder por qué los mencionados spots se transmitieron en bloques en otros horarios y no en los que les correspondía dentro del tiempo del Estado, lo que el Instituto calificó de “conducta atípica”.
Televisa y Azteca agruparon los spots en bloques largos, que iban desde dos, cuatro y hasta seis minutos, lo que contraviene los artículos 74 y 350 del Cofipe que señala que los minutos no son acumulables, que las televisoras deben respetar las pautas y que los spots no pueden afectar los contenidos de los programas de televisión.
El problema para el IFE es que no tiene autoridad moral. Como se sabe el Instituto Federal Electoral fue ideado por Carlos Salinas de Gortari que llegó con ilegitimidad a la Presidencia y pretendió borrar la imagen del país de la dictadura perfecta (Vargas Llosa dixit) en que, como en toda dictadura, el gobierno convocaba, organizaba y calificaba las elecciones.
Salinas inventó al IFE en 1990 y le creo una leyenda de organismo autónomo e independiente del gobierno, en su afán de simular democracia. Uno de los Consejos del IFE, integrado por consejeros democráticos ayudó sin proponérselo a pasarle la buena fama de la que en lo personal ellos gozaban al IFE, pero con esa sola excepción el organismo siempre dependió y se sujetó al gobierno, particularmente cuando en 2006 favoreció abiertamente al candidato del PAN, Felipe Calderón. Así que el IFE no tiene con qué reclamarle a las televisoras su conducta.
Siendo el Instituto Federal Electoral la instancia correspondiente para hacer cumplir la Constitución y el Cofipe en materia de tiempos electorales en los medios, la afrenta no es sólo contra este organismo sino que abarca a la secretaría de Gobernación, encargada de los contenidos en los medios de comunicación, a la secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues los medios electrónicos operan bajo una concesión otorgada por el gobierno a través de ésta y al propio Congreso de la Unión, encargados de elaborar las leyes. Compete también a los involucrados, los partidos políticos.
Si el IFE no se distinguió por su autonomía e independencia en tiempos electorales en casi ningún momento de su existencia, fue arrastrado a la ignominia durante las elecciones de 2006 por el entonces presidente consejero Luis Carlos Ugalde.
Al actual, Leonardo Valdés, le habría correspondido lavarle un poco el rostro al IFE pero su timorata respuesta dejó en claro que el Instituto Federal Electoral, que nació torcido, hoy es una institución muerta.
Cuando en México no se quiere poner orden, se nombran comisiones investigadoras o comités o se hacen declaraciones como las del secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, que ante la ilegalidad en que incurrieron las televisoras – y de la que podría no estar exenta el canal 22 que es del Estado – se limitó a decir que no iba a “precipitar juicios” y desde el 2 de febrero ha estado analizando la situación. O la del propio consejero presidente Leonardo Valdés, de llamar atípico a lo que es ilegal.
Ni Televisa ni TV Azteca se inmutaron ante el plazo de 24 horas fijado por el consejero presidente Valdés. Televisa – además de ampararse e impugnar la constitucionalidad de más de 50 artículos del Cofipe – dijo que no emitiría una opinión, pues su postura estaba fijada en el comunicado que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) dio a conocer el 2 de febrero.
En el mismo, la CIRT señaló que las pautas de precampañas electorales se notificaron 15 días antes, cuando ya tenían compromisos contractuales comerciales previos con sus anunciantes, en la programación.
Según la CIRT fue hasta el 14 de enero, cuando el IFE les informó a televisoras y cadenas de radio, las pautas de transmisión de 23.4 millones de spots de las elecciones del 5 de julio de este año, mismas que tenían que transmitir desde el sábado 31 de enero y hasta el 5 de julio, y que son un total de 48 minutos diarios tanto para los partidos como para las autoridades electorales.
Por su parte TV Azteca lanzó al aire una campaña contra la ley y los legisladores, diciendo en una nota informativa que: “Una ley que abusa de la atención de la audiencia está por irrumpir en casa” y aunque TV Azteca inicialmente dijo que no tenía planeado pronunciarse sobre el tema, cambió de opinión el miércoles 4 de febrero. A su vez Televisa respondió que contestaría el jueves 5 de febrero, ambas, después del plazo. Si se comprueba que también el Canal 22 transmitió los spots fuera de las pautas fijadas por el IFE, el gobierno de Felipe Calderón tendrá que explicar las razones al Instituto Federal Electoral.
Los argumentos de la CIRT pueden parecer razonables en cuanto a que tenían compromisos previos, pero sólo parecen, si se recuerda la feroz campaña mediática que emprendieron contra los legisladores federales por aprobar la llamada Ley Televisa.
El mensaje que han enviado desde entonces es que no aceptan ser regulados. Uno de los consejeros del IFE, Virgilio Andrade respondió a la CIRT que hay una reforma electoral vigente desde septiembre de 2007 y dado que la reforma del Cofipe está en vigencia desde enero de 2008, los consorcios televisivos ya sabían de antemano que tendrían que transmitir estas pautas que les enviaría el IFE.
El asunto de fondo es que en las elecciones del 2006, las televisoras recibieron dos mil millones de pesos de spots electorales, que ahora fueron cambiados por 23.5 millones de promocionales en radio y televisión usando los tiempos oficiales. El asunto también es que en la anterior elección el gasto de spots reportado fue distinto al real, dado que hubo 281 mil spots transmitidos sin que los partidos los reportaran-Hasta ahora están en falta las televisoras mencionadas pero faltará ver el resultado del monitoreo que el IFE hará el fin de semana, para saber si también transmitieron en bloque la propaganda política, algunas cadenas de radio.
Es posible que se apliquen sanciones contra los que no puedan explicar satisfactoriamente el desacato, dijo el director de Prerrogativas Antonio Gamboa.
En lo que se “analiza” las televisoras enviaron un mensaje que no deja lugar a dudas: a ellos nadie los regula. Esto incluye a la autoridad electoral, que está de adorno. Pero no hay que restarle importancia a otro hecho: si las televisoras actúan así es porque no sólo la autoridad electoral, sino la del Estado, son endebles. Nadie desafía a un Estado fuerte. La afrenta no es poca cosa.
marthazamarripa@yahoo.com.mx
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