De manera sigilosa, tratando de que nadie se enterara -como si las cuestiones del bolsillo se pudieran ocultar- el gobierno de Felipe Calderón incrementó la gasolina de cuatro centavos mensuales a seis centavos mensuales.
El gas LP de cuatro a 64 centavos, el gas natural lleva un alza de 70 por ciento anual, mientras que las tarifas eléctricas subieron en el año 27 por ciento.
Los aumentos son demoledores. Impactan en el precio de la tortilla, de todos los alimentos, del transporte público, de los servicios y afectan también a los que usan automóvil.
Pero lo que llama la atención es el intento gubernamental de que no se descubriera el aumento en el precio de las gasolinas. Felipe Calderón prometió el 1 de junio que no habría aumento al precio de la gasolina en el corto plazo.
Pero su promesa cayó en el vacío al siguiente mes de haberla pronunciado. Lo que su gobierno nunca anunció es que a partir del 1 de julio se había autorizado un nuevo incremento al precio de las gasolinas. Pasaron varios días sin que la gente se enterara.
Los automovilistas confiados cargaron sus tanques sin percatarse de la diferencia de precios. Pero los usuarios de transporte público sí lo notaron porque de inmediato les aumentaron la tarifa. En micros, en peseras, en autobuses, todo aumentó.
Algunos columnistas empezaron a denunciarlo en sus espacios. El gobierno se tardó 15 días en salir a reconocer que había autorizado el aumento. Cuando ya fue imposible ocultarlo, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome, apareció en entrevistas en los medios de comunicación para confirmar el incremento.
En pocas palabras, dijo que la gasolina aumentó en México de cuatro centavos mensuales a seis centavos mensuales, para que los precios de la mezcla mexicana estuvieran a la par de los precios internacionales de la gasolina. Vaya, para que no nos quedáramos desfasados.
Lo cual suena muy bien, pero entonces habría que esperar en justa correspondencia, que el gobierno también autorizara un aumento en los salarios para que estuvieran de acuerdo con los salarios internacionales. Desde luego esto no será así.
Hubo otro detalle. Pérez Jácome nunca explicó por qué el gobierno -tan dado a aparecer en spots todo el día en los medios de comunicación anunciando las obras que realiza- nunca cumplió con su obligación de informar que había autorizado un aumento al precio de las gasolinas, y además, tampoco advirtió que habría un efecto en cascada que afectaría todo lo demás, provocando mayor inflación.
La situación es grave porque el que lo resiente es el mexicano promedio. Tenga o no vehículo, su vida está afectada desde este mes por el inoportuno aumento en las gasolinas, que se suma al del gas LP , a la del gas natural y al de la energía eléctrica.
Para los que usan carro, que no son los ricos del país sino una clase media muy golpeada, se afectaron los precios de la gasolina Magna en seis centavos, los de la gasolina Premium en nueve centavos y el diesel en siete centavos.
Además el gobierno autorizó un aumento de cuatro a 64 centavos al mes del kilogramo de gas LP. Este incremento es devastador en las economías de las familias mexicanas, porque afecta a 75 de cada 100 de los hogares que lo utilizan.
Falta ver en los próximos días en cuánto se aumentará el precio del gas a las familias que utilizan gas natural, conectados a la red de Gas Natural México.
Para el gobierno no pareció suficiente y hasta ahora para la zona centro del país ha autorizado en lo que va del año, un incremento de 27 por ciento en las tarifas eléctricas.
Varios especialistas y periodistas han preguntado a la Secretaría de Hacienda sobre cuál será la política de precios que el gobierno implementará para lo que resta de este año, y evitar ser sorprendidos como acaba de ocurrir con las recientes alzas en las gasolinas y el diesel, pero no hubo respuesta por parte de la dependencia.
Según Agustín Humman (La Jornada 11-jul-08) el precio del gas natural lleva un aumento de 70 por ciento en julio de este año, con relación a lo que se pagaba en enero de este mismo año. Es decir, el precio de gas natural aumentó 70 por ciento en tan sólo seis meses.
Mientras la economía familiar de los mexicanos sigue siendo asaltada todos los días desde el gobierno federal con nuevos aumentos en los combustibles, Felipe Calderón insiste en entregar Pemex al capital privado.
Según la encuesta Mitosfky del mes de junio, aumenta el interés de los mexicanos en la consulta popular sobre la privatización de Pemex. Un 65 por ciento de la población está a favor de la consulta sobre el destino para Petróleos Mexicanos y un 35 por ciento no cree que sea necesaria.
En los medios de comunicación electrónicos el gobierno de Calderón ha gastado 3 mil 500 millones de pesos, tratando de convencer al público de que su iniciativa para reformar Pemex no es privatizadora. Pero según la encuesta referida, la gente no cree en la iniciativa gubernamental y por eso está a favor de la consulta.
La nueva ruta que seguirá el gobierno después de los resultados de la consulta popular del 10 de agosto (habrá otra, el 27 de julio, en el DF) será modificar su propia iniciativa de reforma de Pemex, para evitar que se perciba como privatización y llevar a la paraestatal a una supuesta autonomía de gestión.
Pero según la revista Proceso detrás de los cambios que se harían a la iniciativa de Calderón hay una trampa porque la privatización sería un hecho a través de los contratos de servicios múltiples y de una llamada autonomía de gestión, que lejos de darle autonomía a la paraestatal, la entrega de lleno al capital privado nacional y extranjero.
No se entiende el afán de Felipe Calderón de privatizar Pemex porque se está viviendo todos los días con los recientes aumentos en los precios de los combustibles que el problema es el mal manejo que se hace de Petróleos Mexicanos, para lo cual antes que modificar a esta empresa, se requiere de manera urgente una Reforma Fiscal.
Mientras no se reinviertan sus utilidades en su modernización lo que implica la construcción de al menos cuatro o cinco nuevas refinerías, Pemex no puede crecer. Mientras se le quiten sus utilidades para cubrir el gasto corriente del gobierno, la paraestatal seguirá atada.
Pero Calderón no quiere cobrar impuestos a sus benefactores. Empresas como Telmex, Bimbo, Wal Mart le pagan al gobierno entre 2 y 4 por ciento de impuestos de sus utilidades. Mientras tanto el resto de los mexicanos pagamos un 30 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El boquete que tiene el gobierno en sus finanzas públicas se debe a que no cobra parejo los correspondientes impuestos. Hasta ahora, lo solucionaba sacando los recursos de Pemex.
Ahora pretende por compromisos con empresas nacionales y extranjeras, entregarles a la empresa más rentable del país. Mientras lo hace, recurre a cobrar más impuestos a los de siempre, a los que no tienen escapatoria: la sufrida clase media que no tiene a quien recurrir.
marthazamarripa@yahoo.com.mx
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