Sería una verdadera tragedia y representaría un tremendo retroceso que los procesos electorales, incluidos la jornada electoral, el conteo de votos y la declaración de validez de la elección vuelvan a ser controlados desde la estructura gubernamental, pero todo parece indicar que el partido en el gobierno quiere desaparecer todo indicio de democracia en este país.
Si bien es cierto que nuestro sistema democrático es costoso, producto de la desconfianza que los mexicanos tenemos de los partidos políticos, algo peor que el costo que debemos pagar, sería no contar con instituciones que en un lapso de tres décadas, ha logrado que en México se hayan presentado pacíficas transiciones del poder, primero del PRI al PAN, luego del PAN al PRI y ahora del PRI a MORENA.
El enfrentamiento que se ha presentado en las últimas semanas entre los consejeros del INE y el Presidente López Obrador y sus seguidores no tiene precedentes
Primero obligan al INE, a través de una reforma constitucional, a organizar una consulta para la revocación de mandato, que no es revocación de mandato, porque en lugar de utilizarla para preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo en destituir al Presidente, ahora se utilizaría como una medida para brindarle un respaldo político que sería utilizado para influenciar los procesos electorales que se llevarán a cabo en el 2022 y los posteriores.
Dicen que nadie está obligado a un imposible, y en el caso del INE así pareciera, pues lo obligan a llevar a cabo la consulta, pero no le asignan recursos para realizarla.
El Instituto no puede incumplir con la Constitución. Si se niega a hacer la consulta, incumple con la ley, si la lleva a cabo con pocos recursos que pueda obtener de ahorros y de la cancelación de proyectos nuevos, y resulta mal, también falta a sus obligaciones.
Por ello el Instituto promovió en la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad por la insuficiencia de recursos, para que la Cámara de Diputados le asigne el dinero que se requiere para llevar a cabo esa tarea.
La Corte determinó que no puede resolver de fondo a esa petición, puesto que aún se están recabando firmas para ver si se lleva a cabo tal consulta. Deben obtenerse el 3 por ciento del padrón electoral y al menos en 17 estados del país con el mismo porcentaje; eso equivale a 2.7 millones de firmas.
El plazo para ese proceso terminó el pasado 25 de diciembre, pero ahora el INE tendrá que validar que no sean falsas todas las firmas que ha recibido, que son poco más de 10 millones.
Ante ello, el Consejo General del INE acordó posponer la celebración de la consulta hasta que cuente con los recursos suficientes, lo que otra vez ha enfurecido al Presidente y sus seguidores. Los de Morena dicen que recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que declare nulo ese Acuerdo, lo que podría dejar en el limbo jurídico la celebración de la consulta, en el caso que el Tribunal falle en favor del Instituto.
Ahora algunos diputados piden cárcel para los consejeros, para de esta manera, tomar de una vez por todas el control el Instituto.
Citando al propio Presidente, espero que se serenen los ánimos de los morenistas, porque lo que está en juego es el futuro de la democracia y de las instituciones democráticas que nos han costado mucho edificar.
No se vale recurrir a aquella famosa frase “Al diablo con las instituciones”.
